En una decisión clave para la integridad de la función pública, la Contraloría General de la República (CGR) ha emitido un dictamen que autoriza a las municipalidades la adquisición de elementos de protección personal para alcaldes, concejales y funcionarios que enfrenten riesgos acreditados. La medida permite obtener estos insumos de manera excepcional y transitoria sin necesidad de recurrir a procesos de licitación, agilizando la respuesta ante situaciones de peligro inminente.
El sustento jurídico de esta resolución se apoya en las atribuciones legales de los municipios para colaborar en la seguridad pública comunal. Además, la CGR invoca el principio de dignidad de la función pública, subrayando que las instituciones deben garantizar condiciones mínimas de seguridad para que sus servidores resguarden su salud y ejerzan sus labores adecuadamente.
Condiciones y requisitos Para acceder a este beneficio, no bastará con la percepción subjetiva de riesgo. La Contraloría exige:
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Denuncia formal: Debe existir una denuncia previa por amenazas concretas.
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Informe técnico: La necesidad de protección debe ser validada por organismos policiales o el Ministerio Público.
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Factibilidad financiera: Cada municipio podrá implementar estas medidas según su presupuesto y posibilidades económicas.
Esta normativa se alinea con la futura Ley N° 21.802 (que entrará en vigor en 2026) sobre el fortalecimiento de la seguridad municipal, pero otorga desde ya una herramienta administrativa para proteger a quienes lideran la gestión local frente a la criminalidad.
