Con 37 votos a favor y tres en contra, la Sala respaldó en general la iniciativa que busca frenar los delitos violentos cometidos por menores de edad. El Ejecutivo ingresará modificaciones clave el próximo 17 de julio, abriendo un intenso debate sobre la efectividad de las medidas y el funcionamiento de la reinserción social.
SANTIAGO.– En medio de la creciente preocupación pública por la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en los delitos cometidos por menores de edad, la Sala del Senado aprobó este martes en general, por una amplia mayoría de 37 votos a favor y tres en contra, el proyecto de ley que modifica el sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). La iniciativa, impulsada originalmente por los parlamentarios Andrés Longton y Camila Flores, tiene por objetivo endurecer sustancialmente el régimen sancionatorio para adolescentes involucrados en delitos de especial gravedad.
Con este avance legislativo, el proyecto pasa ahora a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para su discusión en particular. Se ha fijado el próximo viernes 17 de julio como el plazo definitivo para la presentación de indicaciones, instancia en la que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya comprometió una serie de enmiendas estratégicas para delimitar el alcance de la reforma.
Las claves del endurecimiento penal
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, detalló que las modificaciones que presentará el Ejecutivo buscan perfeccionar el actual marco legal sin alterar la edad mínima de responsabilidad penal. Entre los ejes principales se encuentra hacer efectiva la figura de la reiteración de delitos —aspecto que hoy no se reconoce formalmente en el sistema juvenil—, la creación de la reincidencia como un factor agravante inédito y la intensificación de las medidas de control cerrado, limitando los beneficios de libertad condicional condicionados.
Asimismo, la propuesta busca eliminar la atenuante de irreprochable conducta anterior para menores de 16 años implicados en ilícitos graves y adecuar las reglas de determinación de la pena para los mayores de 16, impidiendo la rebaja automática de las sentencias por el solo hecho de ser menores de edad.
Una de las propuestas más complejas y debatidas del plan gubernamental apunta a que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan un catálogo específico de 17 delitos graves puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto. Además, se contempla que, al cumplir los 18 años, si les resta un saldo de condena superior a los seis meses, sean trasladados de forma expedita a secciones juveniles especiales dentro de recintos penitenciarios de Gendarmería, manteniéndose separados del resto de la población penal para evitar la contaminación criminógena. Al respecto, el ministro Rabat matizó que esta última medida sigue bajo reevaluación técnica tras una ronda de reuniones con alcaldes del país.
El debate por la reinserción y la efectividad
Pese al contundente respaldo en la votación general, la iniciativa no estuvo exenta de reparos desde sectores del oficialismo y la oposición. Las senadoras Claudia Pascual e independientes manifestaron su preocupación respecto a que la ley se concentre de manera reactiva en el aumento de penas en lugar de solucionar los focos de fondo.
La senadora Pascual advirtió que el texto actual no aborda con precisión la reincidencia, recordando que las estadísticas reflejan que el 20% de los menores infractores concentra el 80% de los delitos más graves del país. Por su parte, desde el sector se argumentó que parece apresurado introducir modificaciones de tal severidad a un sistema penal juvenil cuando el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil terminó de implementarse a nivel nacional recién a comienzos de este año, sugiriendo la creación de una mesa técnica para evaluar los datos antes de legislar con urgencia.
Respaldo de los autores del proyecto
Desde la vereda de los impulsores, el senador Andrés Longton valoró la celeridad dada por la administración bajo la tipificación de «discusión inmediata», contrastándolo con los cuatro años en que la moción permaneció estancada en la Cámara de Diputados durante el periodo legislativo anterior. Longton justificó la urgencia aludiendo a la brutalidad de hechos delictuales recientes como la encerrona que cobró la vida de Alejandro, un niño de 12 años. «Este proyecto constata una realidad que se ha agravado de forma alarmante; los menores de edad están cometiendo delitos cada vez más violentos», enfatizó.
En la misma línea, la parlamentaria Camila Flores defendió la necesidad de segmentar tajantemente el tratamiento judicial entre los infractores primerizos y quienes delinquen de forma sistemática. «La mayoría de los jóvenes en situación de vulnerabilidad decide salir adelante de forma honesta sin cometer ilícitos. Es fundamental enviar una señal clara de que aquel que comete delitos graves, razonando como un adulto, debe responder con el rigor que corresponde», concluyó.
