Un reciente informe del órgano fiscalizador revela que ninguna de las instituciones auditadas entre 2020 y 2024 pudo validar la razonabilidad de sus estados financieros. El «desorden» involucra montos equivalentes a más de US$17 mil millones.
La Contraloría General de la República (CGR), bajo la gestión de la Contralora Dorothy Pérez, ha encendido las alarmas en el aparato estatal chileno. Tras la publicación del segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), el organismo reveló un escenario crítico: un desorden financiero que asciende a $15,9 billones de pesos (aproximadamente US$17.300 millones) en 73 entidades públicas, abarcando tanto ministerios como municipalidades.
El hallazgo más preocupante del reporte es que en el 100% de los casos analizados, la Contraloría emitió una «abstención de opinión». En términos técnicos, esto significa que los auditores no contaron con evidencia suficiente ni confiable para asegurar que las cifras presentadas por las instituciones reflejen la realidad de sus finanzas.
Radiografía del incumplimiento
De acuerdo con el informe, la mayor parte de las inconsistencias (un 91%) se concentran en organismos del Gobierno Central, mientras que el 9% restante corresponde al sector municipal. Entre las carteras con mayores montos bajo observación destacan los ministerios de Defensa, Vivienda e Urbanismo, e Interior.
A nivel municipal, se detectaron brechas que van desde los $621 millones en comunas como Pudahuel, hasta casos menores en localidades rurales, evidenciando una falla transversal en el control interno.
Las principales irregularidades detectadas incluyen:
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Falta de respaldo en gastos: Desembolsos millonarios que no cuentan con facturas, boletas o contratos que los justifiquen.
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Debilidades en conciliaciones bancarias: Diferencias no explicadas entre los saldos en cartolas bancarias y los registros contables de las instituciones.
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Rendiciones de cuentas fuera de plazo: Fondos transferidos a terceros o programas que no han sido debidamente acreditados en los tiempos que exige la ley.
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Sistemas de información vulnerables: Falencias en los controles tecnológicos que impiden garantizar la integridad de los datos financieros.
Acciones legales y administrativas
La respuesta de la Contraloría no se ha limitado a la observación. Ante la gravedad de los hallazgos, el órgano fiscalizador ya ha instruido:
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27 sumarios administrativos para determinar responsabilidades de funcionarios.
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10 procedimientos internos de fiscalización.
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Remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en al menos 10 casos donde se presume la existencia de delitos o perjuicio patrimonial al fisco.
Desde el Ejecutivo, el debate se ha centrado en la necesidad de modernizar la gestión administrativa. Mientras algunos sectores califican esto como una muestra de «ineficiencia estructural», desde Hacienda han aclarado que «objetar» un monto no siempre implica que el dinero haya sido robado, sino que no existe el rastro documental exigido por la normativa vigente. Sin embargo, la desconfianza ciudadana y el riesgo de corrupción se mantienen como la principal preocupación de los expertos en transparencia.
