El Informe Final N° 160 revela que el recinto operó sin patente vigente, bajo la propiedad oculta de funcionarios municipales y con un presunto desvío de recursos. Los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.
VILLARRICA.— Una exhaustiva auditoría realizada por la Contraloría Regional de La Araucanía expuso una serie de profundas deficiencias estructurales, operativas y éticas en la administración del aparcadero municipal de Villarrica. El examen, consignado en el Informe Final N° 160, abarcó el periodo de funcionamiento de la concesión privada entre 2023 y 2025, detectando situaciones que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa.
Uno de los hallazgos más complejos detectados por el organismo fiscalizador involucra directamente al director de control de la Municipalidad de Villarrica. De acuerdo con el documento, dicha jefatura intervino de forma activa en gestiones vinculadas al retiro de un vehículo que permanecía bajo custodia del recinto. El proceso concluyó con la obtención de un poder especial para disponer del automóvil y su posterior transferencia a un familiar directo del directivo, configurando una eventual infracción al deber de probidad regulado por la legislación pública.
Funcionarios públicos como proveedores del Estado
La indagatoria también reveló una grave inhabilidad en la propiedad de la empresa a cargo del servicio. Contraloría constató que dos trabajadores de la propia Municipalidad de Villarrica figuraban de manera simultánea como dueños de la firma concesionaria encargada de custodiar los automóviles retirados de circulación. Ante este escenario, la entidad de control instruyó formalmente al municipio el inicio de procesos de invalidación de los actos administrativos vinculados a dichos contratos.
Al respecto, el concejal Jaime Beltrán catalogó la situación como un escenario de máxima gravedad. «Es una situación gravísima de suma irregular, compleja por todas las aristas que conlleva: vulneración de la prioridad, conflictos de interés, cobros indebidos y pagos externos al sistema, tarifas abusivas no autorizadas, una operación ilegal irregular respecto al espacio», señaló la autoridad, añadiendo que respaldarán todas las acciones mandatadas por el ente fiscalizador, inclusive eventuales acciones judiciales. (Nota de la redacción: se intentó obtener una declaración del alcalde, sin embargo, no fue posible establecer contacto antes del cierre de esta edición).
Operación al margen de la normativa comercial y tributaria
En el ámbito estrictamente operativo y financiero, el informe detalló inconsistencias severas en los mecanismos de cobro. En al menos uno de los casos fiscalizados, se constató que se efectuaron cobros directos al propietario de un vehículo a pesar de que formalmente la concesionaria había reportado una condonación absoluta de los costos de bodegaje. Dichas transacciones se realizaron al margen de los canales oficiales de rendición, careciendo de respaldo tributario y de cualquier registro de ingreso en las arcas municipales.
A esto se suma que la concesión operó durante todo el periodo fiscalizado sin contar con una patente comercial municipal vigente para el desarrollo de la actividad. Asimismo, el aparcadero funcionó físicamente en un predio distinto al estipulado en las bases y el contrato original, sin que mediara ninguna modificación formal o decreto autorizado por la administración local.
A nivel de inventario y fiscalización interna, la Contraloría identificó una falta de trazabilidad absoluta en los registros de ingreso y salida de automóviles, incumplimientos contractuales sistemáticos y la ejecución de remates públicos sin los requisitos legales esenciales, incluyendo el caso crítico de un vehículo subastado que mantenía un encargo policial vigente. Estas anomalías contravienen las directrices del oficio nacional N° E142432 emitido por la Contraloría General, que exige estrictos estándares de oportunidad y legalidad en los corrales municipales del país.
Plazos y acciones correctivas inmediatas
Frente a la gravedad de los hechos descritos, la Contraloría remitió la totalidad de los antecedentes recopilados al Ministerio Público para que determine eventuales responsabilidades penales.
Paralelamente, ordenó al municipio la ejecución de medidas correctivas inmediatas, entre las que destacan la elaboración obligatoria de un catastro de cierre definitivo del aparcadero, la gestión de cobro de los montos adeudados por patentes municipales y la redacción de una nueva ordenanza local para regular de forma estricta las futuras custodias vehiculares. La Municipalidad de Villarrica dispone de un plazo de 60 días hábiles para acreditar documentalmente ante el ente fiscalizador el cumplimiento efectivo de cada una de las directrices instruidas.
