La reciente puesta en marcha de la iniciativa “Motores Productivos Regionales”, impulsada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) junto a Inacap, ha vuelto a encender las alarmas sobre cómo se piensa el desarrollo económico en Chile. El anuncio, rodeado de altas autoridades del Gobierno central y del gran empresariado nacional, se presenta como la gran llave para romper el estancamiento y proyectar el crecimiento del país hacia el año 2035. Sin embargo, su diseño comete un error estructural que ya conocemos de memoria: pretende diseñar el futuro de los territorios saltándose a las instituciones que mejor los conocen.
Resulta a lo menos contradictorio que un programa cuyo relato se centra en «pensar el crecimiento desde las regiones» no incorpore en su primera línea a las municipalidades ni a los Gobiernos Regionales. Ninguna inversión, por muy estratégica o global que sea, se instala en el aire; se emplaza en una comuna real, con vecinos reales, calles reales y un ecosistema local que absorberá sus impactos.
Dejar fuera del diseño inicial a los municipios no es solo un desaire protocolar; es una ceguera técnica. Los municipios no son meros administradores de lo «micro». Son los organismos que poseen, por ley, las herramientas de planificación a mediano y largo plazo que definen la vocación de un territorio. Hablamos de los Planes Reguladores, Pladecos (Planes de Desarrollo Comunal), Planes municipales de Cultura, los planes de mitigación climática y de los Pladetur, instrumentos legítimos que plasman el norte que cada comunidad ha elegido para sí misma.
De igual forma, omitir las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) aprobadas democráticamente por los Gobernadores y los Consejos Regionales (CORE) transforma este esfuerzo en un ejercicio centralista. Chile ya no es una hoja en blanco en materia territorial. Las regiones tienen prioridades financiadas, visiones de sostenibilidad y planes de ordenamiento que no pueden ser ignorados en pos de una «ventanilla única» diseñada en las oficinas de Santiago.
Cuando el mundo privado y el nivel central insisten en levantar diagnósticos paralelos, ignorando la institucionalidad local bajo la eterna premisa de apurar la «permisología», pavimentan el camino hacia el conflicto socioambiental y la judicialización de los proyectos. La verdadera certeza jurídica para invertir no se consigue negociando un documento entre cuatro paredes para entregarlo a una Subsecretaría en la capital; se logra respetando y fortaleciendo la planificación de los territorios.
Si las mesas de trabajo que hoy comienzan en Valdivia y que recorrerán el país aspiran a ser algo más que un prolijo informe guardado en un escritorio ministerial, deben abrir la puerta de manera urgente a los alcaldes, concejales, gobernadores y equipos de planificación local. El Chile del 2035 no se puede decretar desde el centro; se debe construir con las comunas como protagonistas, o simplemente no será.
