La Municipalidad de Santiago enfrenta un escenario judicial y administrativo definitivo tras las resoluciones adoptadas por el actual alcalde, Mario Desbordes, en el marco de las irregularidades detectadas en la fallida compra de la clínica Sierra Bella. La administración comunal materializó las drásticas sanciones recomendadas por la Contraloría General de la República y, en paralelo, activó el frente penal contra la exalcaldesa y actual parlamentaria, Irací Hassler.
El jefe comunal firmó el Decreto Seccional Nº 1834, mediante el cual el municipio acogió de forma íntegra las conclusiones del sumario instruido por el ente regulador. La medida implicó sancionar a nueve funcionarios del consistorio, dictando la destitución inmediata de seis de ellos debido a su implicancia en los procedimientos internos de la operación fallida de enero de 2023.
Desvinculaciones en el alto mando municipal
Las destituciones afectaron directamente a figuras clave de la gestión anterior. Entre los principales sancionados se encuentran el exdirector de Asesoría Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y el exsecretario comunal de Planificación, Luis Mayorga. A ellos se sumaron la exdirectora de Salud, Beatriz Chamorro; la jefa de finanzas de dicha área, Jacqueline Marabolí; y el subdirector administrativo de la misma dirección, Alejandro de la Fuente.
El decreto también aplicó la destitución a la directora de Administración y Finanzas, Elizabeth Díaz. Asimismo, el director de Control subrogante, Eugenio Zúñiga, fue suspendido por tres meses con media remuneración, mientras que otras dos funcionarias recibieron multas del 20% de sus sueldos. Con esta resolución, la alcaldía cerró el flanco administrativo respaldando la legalidad y el debido proceso de la investigación que Contraloría inició en abril de 2023.
Responsabilidad administrativa y ofensiva penal
El documento oficial no solo desvinculó a la plana técnica, sino que acreditó de forma explícita la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Irací Hassler, determinando que los hechos ocurrieron bajo su jefatura directa en el municipio.
A este escenario se sumó la validación penal por parte de la justicia. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella criminal por el delito de fraude al fisco en contra de la hoy diputada. La acción judicial argumenta que el decreto de pago por más de 8.200 millones de pesos se emitió de manera anticipada y que la orden de compra fue visada omitiendo intencionalmente la revisión de legalidad de la Dirección de Control Municipal.
«Después del informe de Contraloría, que es lapidario, estamos obligados a poner esta información a disposición del Ministerio Público. Hay un sobreprecio evidente y la exalcaldesa desobedeció instrucciones del organismo», afirmó el alcalde Mario Desbordes, descartando motivaciones políticas detrás de la presentación legal.
La defensa de la exalcaldesa
Por su parte, la diputada Irací Hassler rechazó los cuestionamientos y defendió su gestión a través de un pronunciamiento público. La parlamentaria sostuvo que la arista penal del caso Sierra Bella ya había sido investigada exhaustivamente por el Ministerio Público durante un período de dos años.
Hassler enfatizó que dicha indagatoria concluyó previamente con un sobreseimiento que determinó que las acciones ejecutadas no constituían delito, calificando los nuevos movimientos de la actual administración como un intento por reabrir un debate judicial que consideraba resuelto.
