El Tercer Juzgado Civil de la ciudad puerto rechazó el 99% de la indemnización solicitada por la firma Sogin SpA, la cual ascendía a más de 34 mil millones de pesos. El municipio deberá restituir cerca de 185 millones de pesos correspondientes a derechos urbanísticos y gastos básicos devengados durante la paralización del polémico proyecto habitacional en el Cerro O’Higgins.
En un crucial vuelco judicial dentro de una de las disputas urbanísticas más prolongadas de la comuna, el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso notificó la sentencia de primera instancia respecto al fallido proyecto inmobiliario Parque Pümpin. El dictamen acogió de manera parcial la demanda de perjuicios interpuesta por la empresa Sogin SpA —continuadora legal de la Inmobiliaria del Puerto y vinculada al empresario Nicolás Ibáñez—, desestimando la multimillonaria indemnización original que pretendía la firma privada.
La acción legal de la inmobiliaria buscaba un resarcimiento histórico superior a las 851 mil Unidades de Fomento (UF), una cifra cercana a los 34 mil millones de pesos, argumentando daños sustantivos a raíz de los decretos alcaldicios emitidos en 2017 que dejaron sin efecto sus permisos de edificación. No obstante, tras ponderar los antecedentes presentados, el tribunal porteño rechazó el corazón de los conceptos demandados, determinando que la municipalidad solo deberá restituir los montos efectivamente percibidos por concepto de trámites internos y la mantención mínima del recinto.
El desglose del fallo judicial detalla que el municipio está obligado a pagar una suma total aproximada de 185 millones de pesos. Este monto se compone de $181.775.842 (catalogado bajo daño emergente) por la devolución estricta de los derechos municipales y permisos urbanísticos que la firma ya había costeado para el desarrollo de las obras, junto a $4.079.107 destinados a cubrir gastos de servicios básicos esenciales —como agua, luz e internet— que se mantuvieron activos durante el período de paralización en los terrenos del Barrio O’Higgins.
Desde la perspectiva de la administración local, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, había adelantado que la estrategia de la defensa se basó rigurosamente en la distribución legal de las responsabilidades procesales. Al respecto, la jefa comunal precisó en su momento que la postura corporativa estuvo orientada resueltamente a salvaguardar el erario público, relevando que correspondía a la contraparte el deber técnico de demostrar la existencia de los perjuicios económicos alegados de forma directa.
“En el juicio, la carga de la prueba la tiene el demandante. Nosotros tomamos una postura de defender el presupuesto municipal, porque aquí estamos hablando de recursos públicos que se tendrían que entregar a un privado por una indemnización; daños que ellos tienen que probar”, sostuvo la alcaldesa Camila Nieto.
Dicho criterio fue refrendado por la sentencia del tribunal civil, la cual estipuló explícitamente que la documentación acompañada por la inmobiliaria resultó insuficiente para acreditar que los gastos masivos reclamados guardaran un vínculo directo y causal con la ejecución del malogrado proyecto habitacional. Asimismo, la resolución judicial descartó la existencia de supuestos ataques de carácter institucional o sistemático por parte del aparato municipal en contra del particular.
A pesar de que el dictamen representa un alivio financiero sustancial en comparación con el desembolso inicialmente exigido, las reacciones en el espectro político local reflejan cautela. El concejal Leonardo Contreras advirtió que el fallo impactará de igual forma el presupuesto de la comuna y apuntó a una cadena de malas determinaciones en la orgánica interna, fustigando tanto los lineamientos ideológicos de la administración anterior como el despliegue técnico del actual equipo jurídico municipal por no presentar pruebas contundentes.
Atendido que se trata de un dictamen de primera instancia, el escenario legal se mantiene abierto y con altas probabilidades de prolongarse en los tribunales superiores. Mientras desde el municipio evaluaron de forma favorable el rechazo a las partidas de mayor envergadura económica, los actores políticos de la zona prevén de forma unánime que la empresa inmobiliaria recurrirá ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pudiendo la causa escalar en última instancia mediante recursos de casación ante la Corte Suprema.
