La Municipalidad de Máfil, en la Región de Los Ríos, atraviesa una crítica situación financiera y administrativa tras detectarse una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos. El alcalde Andrés Lara confirmó el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades internas luego de revelarse deudas que, en su conjunto, superan los 270 millones de pesos.
El foco del conflicto se centra en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Según los antecedentes expuestos ante el Concejo Municipal, recursos que legalmente tienen un uso exclusivo en el área educativa habrían sido desviados hacia otros fines. Esta situación ha generado un déficit de 220 millones de pesos que no fueron rendidos ante el Ministerio de Educación ni presentados oportunamente ante los concejales.
Irregularidades y convenios omitidos
La gravedad del caso no solo radica en el monto, sino en la falta de transparencia procesal. El asesor jurídico municipal, Samuel Pallotta, informó que en octubre de 2024 se suscribieron cuatro convenios por un total cercano a los 240 millones de pesos. A pesar de que estos compromisos superaban las 500 UTM —umbral legal que exige la venia del Concejo Municipal—, los acuerdos nunca fueron sometidos a votación ni informados durante el proceso de traspaso de mando entre la gestión anterior y la actual.
El frente judicial
Además de la investigación administrativa, el municipio enfrenta dos causas judiciales activas por deudas heredadas de administraciones pasadas:
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Una causa en el 8° Juzgado Civil de Santiago por 24 millones de pesos (correspondiente a 2023).
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Un juicio en el 2° Juzgado Civil de Valdivia por más de 21 millones de pesos (originada en 2012).
Próximos pasos
El alcalde Lara enfatizó que el sumario será clave para esclarecer si existió mal uso de recursos y aplicar las sanciones correspondientes. Para la próxima semana se ha programado una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, donde se entregarán detalles adicionales que permitirán a los ediles definir posibles acciones legales o administrativas complementarias frente a este complejo escenario financiero.
