La iniciativa, que establece medidas de seguridad como la revisión de mochilas y sanciones ante la interrupción de clases, enfrentó una dura oposición del oficialismo, cuya bancada anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.
Con un respaldo de 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley conocido como «Escuelas Protegidas». La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca dotar a los establecimientos educacionales de nuevas atribuciones para enfrentar la crisis de violencia escolar y asegurar el orden dentro de las aulas.
El texto, que ahora inicia su segundo trámite constitucional en el Senado, contempla medidas clave para el resguardo de la comunidad educativa, entre las que destacan:
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Medidas de control: Los reglamentos internos podrán incorporar la revisión de mochilas al ingreso de los establecimientos y prohibir el uso de vestimentas que dificulten la identificación de los alumnos, como pasamontañas o capuchas.
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Atribuciones pedagógicas: Se otorga a los docentes facultades específicas para aplicar medidas correctivas y disciplinarias frente a actos que interrumpan el desarrollo de las actividades académicas.
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Restricción de beneficios: Se aprobó una norma que inhabilita por cinco años el acceso a la gratuidad en la educación superior para estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad, ya sea pública o privada.
Controversia y críticas
A pesar del triunfo político del Gobierno, la votación evidenció una profunda división. Las bancadas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) votaron mayoritariamente en contra, argumentando que el proyecto podría vulnerar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y promoviendo una «sobrerregulación». Ante este escenario, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) presentaron reservas de constitucionalidad y confirmaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Por su parte, el Partido de la Gente (PDG) también manifestó su rechazo, advirtiendo que la iniciativa expone innecesariamente a profesores y asistentes de la educación, y que no aborda las causas de fondo del problema, como la falta de financiamiento o mejoras en los métodos de enseñanza.
La postura del Ejecutivo
La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el avance del proyecto, aunque aclaró que su tramitación no es motivo de celebración, sino una respuesta necesaria ante la urgencia que demandan los establecimientos. Respecto a la polémica en torno a la gratuidad, la secretaria de Estado comprometió que, durante la discusión en el Senado, se ajustará la redacción para circunscribir las inhabilidades exclusivamente a delitos cometidos en el entorno escolar y sus inmediaciones.
Finalmente, se incorporó una indicación que establece que, en el caso de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), las revisiones deberán contar con el acompañamiento de profesionales del equipo de convivencia o del Programa de Integración Escolar (PIE), garantizando así una contención emocional adecuada.
