El reciente ingreso al Congreso del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social ha desatado una ola de críticas transversales desde el mundo municipal. Si bien el Ejecutivo busca implementar una exención del 100% en el pago de contribuciones para la vivienda principal de personas mayores de 65 años, la medida ha encendido las alarmas debido a su impacto directo en el financiamiento de los gobiernos locales y, particularmente, en el Fondo Común Municipal (FCM).
El nudo crítico: Financiamiento y equidad territorial El proyecto, que contempla US$ 200 millones menos en recaudación tributaria, prevé que US$ 130 millones provengan de una merma directa al FCM. Para alcaldes de diversas corrientes políticas, la propuesta es insuficiente al no garantizar una compensación total. La postura ha sido liderada por Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), quien calificó como «inaceptable» que la restitución de fondos sea incompleta, sentenciando que «con el municipalismo no se juega».
La preocupación es compartida en la región del Biobío, donde la capacidad de respuesta ante emergencias es crítica. El alcalde de Tomé, Italo Cáceres, ha puesto énfasis en la urgencia de recursos para su comuna, que registró 526 viviendas destruidas durante los incendios de enero, subrayando la necesidad de los US$ 500 millones planteados por el ministro de la cartera para la reconstrucción regional. En esta misma línea, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llamó a evitar el clima de «gallitos políticos» y a trabajar bajo una verdadera visión de Estado, señalando que «no estamos hoy para gustitos, sino para reconstruir».
Voces en el territorio: Riesgos para la gestión A nivel nacional, la resistencia se ha hecho sentir con fuerza. Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, calificó la medida como «regresiva», advirtiendo que pone en riesgo servicios básicos en más del 80% de las comunas del país. Por su parte, Camila Nieto, alcaldesa de Valparaíso, destacó que para su administración el FCM representa cerca de un cuarto del presupuesto anual, fondos vitales para seguridad, aseo y recuperación de espacios públicos.
La inquietud también alcanza a la gestión urbana. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, advirtió que la falta de compensación total agrava el déficit de equipamiento de las comunas, sumando críticas a posibles cambios en la Ley General de Urbanismo y Construcciones que, a su juicio, podrían hipotecar la calidad de vida de los vecinos. En contraste, voces como la del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, han mantenido un tono conciliador, expresando confianza en que el proceso legislativo incorporará las fórmulas necesarias para evitar un daño presupuestario irreparable.
Hacia un proceso de regularización Como contraparte a la merma de ingresos, el megaproyecto propone un procedimiento extraordinario de regularización de deudas municipales —relativas a patentes, permisos de circulación y aseo—, permitiendo la condonación del 100% de intereses y multas para recuperar recursos hoy incobrables. Asimismo, el proyecto busca incluir explícitamente a las regiones de Ñuble y Biobío en las medidas de excepción para la reconstrucción, ampliando el marco legal que hasta ahora se limitaba principalmente a la región de Valparaíso.
El debate legislativo se perfila como un escenario definitorio para el municipalismo. Mientras los alcaldes exigen que la compensación al Fondo Común Municipal alcance el 100% para garantizar la operatividad de los servicios esenciales, el Ejecutivo enfrenta el desafío de conciliar su agenda de reconstrucción con la sostenibilidad financiera de las 346 comunas del país.
