La revelación de que el Estado chileno ha perdido el rastro de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos no solo expone una alarmante grieta en los controles fronterizos y en la interoperabilidad de los servicios centrales; expone, sobre todo, una crisis de desprotección humana que golpea directamente a los barrios de nuestro país. Cuando los ministerios fallan, las fronteras se vuelven permeables y las bases de datos de la administración central se muestran incapaces de dialogar entre sí, la responsabilidad de dar respuesta a la vulnerabilidad no desaparece: se desplaza hacia abajo, hacia el territorio. Es ahí donde los municipios se transforman, por necesidad y por deber, en la primera y más crucial línea de defensa.
En el actual escenario, donde la Fiscalía investiga presuntas redes criminales de trata y tráfico de personas, la labor de las municipalidades trasciende la mera gestión vecinal y se convierte en una pieza de inteligencia social insustituible. Mientras el nivel central depende de registros burocráticos desactualizados o, peor aún, inexistentes, los gobiernos locales poseen el mapa vivo de la comunidad.
El cruce de información que ya han iniciado diversas alcaldías de la Región Metropolitana con las bases de datos de la atención primaria de salud (Cesfam) y los registros de matrícula en la educación pública (SLEP) es el camino correcto. Un niño inubicable para el papeleo central de Santiago puede estar, en la realidad, asistiendo a una escuela municipal o recibiendo sus vacunas en un consultorio local. Son estas huellas cotidianas del acceso a prestaciones sociales las que permiten encender luces de alerta y geolocalizar a una población que hoy se encuentra en la más absoluta invisibilidad.
Sin embargo, el despliegue de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) no puede ser un esfuerzo aislado ni depender de las capacidades económicas de cada comuna. Para que esta búsqueda activa sea efectiva y, sobre todo, segura, se requiere un diseño institucional coordinado que proteja la integridad de los menores y respete el debido proceso de las investigaciones penales. Las municipalidades no son policías; su rol es el de la protección comunitaria y la restitución de derechos. Por ello, la prudencia y la reserva en el manejo de estos datos —lejos del uso político de las cifras— debe ser la norma rectora para no alertar a eventuales captores ni estigmatizar a comunidades migrantes que también son víctimas de este descontrol.
La crisis actual debe impulsar un cambio de paradigma definitivo: el Estado central debe dejar de mirar a los municipios como meros ejecutores de políticas diseñadas entre cuatro paredes en Santiago, y comenzar a integrarlos como actores estratégicos en la planificación de la seguridad y la migración. El anunciado consejo regional de seguridad que reunirá a los alcaldes metropolitanos debe ser el punto de partida para institucionalizar esta colaboración. Si no somos capaces de articular la sensibilidad del territorio con el rigor de la justicia penal, seguiremos fallando en nuestro deber más básico como sociedad: garantizar que ningún niño, sin importar su origen, desaparezca en las sombras del olvido institucional.
