Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República ha destapado una profunda crisis institucional en Chile tras revelar que el Estado perdió el rastro de cientos de menores de edad de nacionalidad haitiana. Los niños ingresaron al país entre 2022 y 2025 bajo la modalidad de reunificación familiar, a través de vuelos chárter autorizados, sin que las autoridades correspondientes verificaran rigurosamente la autenticidad de los vínculos de parentesco ni los domicilios declarados.
La gravedad del hallazgo provocó la apertura inmediata de una investigación penal por parte del Ministerio Público ante eventuales delitos de trata de personas, tráfico de migrantes y corrupción. Paralelamente, el Ejecutivo activó un comité de emergencia y una fuerza de tarea interinstitucional para coordinar con las municipalidades la búsqueda prioritaria de los menores en el territorio nacional.
Tres años de alertas desoídas y caos administrativo
El documento de la Contraloría expone que la falta de interoperabilidad y coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez impidió un seguimiento efectivo de los flujos migratorios. Los registros oficiales evidenciaron deficiencias estructurales básicas, tales como datos duplicados, discrepancias en las bases de datos de las instituciones y cerca de 500 casos ingresados sin número de documento de identidad.
Los antecedentes demuestran que las alarmas institucionales comenzaron a levantarse desde enero de 2023. En esa fecha, la dirección de Migraciones advirtió formalmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre el arribo de un vuelo chárter desde Puerto Príncipe con 98 menores a cargo de solo dos adultos. Pese a reiterarse las solicitudes de suspensión de estas operaciones aéreas no regulares durante 2025, los vuelos de aerolíneas como Galistair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines continuaron operando de forma regular.
La fiscalización en terreno realizada por el ente contralor graficó el descontrol: en una muestra aleatoria de 105 niños que ingresaron a comienzos de 2025, el organismo no pudo ubicar a 64 de ellos en las direcciones declaradas al momento de su entrada al país.
Los casos críticos que indaga la Fiscalía
Dentro de los antecedentes recopilados, existen dos episodios que concentran la atención de las autoridades por la precisión de sus irregularidades:
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El caso de los tres huérfanos: En febrero de 2025, se autorizó el ingreso de tres menores solicitados por su padre bajo la figura de reunificación familiar. No obstante, el solicitante había fallecido un mes antes del aterrizaje del avión en Santiago. Debido a la falta de cruce de datos con el Registro Civil, los niños ingresaron al país y fueron retirados por desconocidos. Actualmente se desconoce su paradero.
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El vuelo WAL-801: En octubre de 2025, una aeronave despegó de Haití con 124 niños a bordo. Tras realizar una escala no programada en Lima (Perú) y un cambio de avión, el vuelo aterrizó en Santiago con solo 44 menores. El destino y paradero de los 80 niños restantes es parte reservada de la investigación penal.
El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir, junto a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, lideran las pesquisas. La hipótesis del organismo persecutor apunta a la operación de una red criminal organizada. Según los primeros antecedentes, se constató que un grupo de al menos 12 adultos (tanto chilenos como extranjeros) ingresó repetidamente al país liderando delegaciones de entre 2 y 18 menores de edad con los que no poseían ningún lazo de consanguinidad ni las autorizaciones legales exigidas por la Ley de Migración y Extranjería.
Ofensiva de búsqueda: Despliegue del Gobierno y los municipios
Ante el impacto público del caso, el Presidente de la República, José Antonio Kast, convocó a una reunión de emergencia en el Palacio de La Moneda a las máximas autoridades del Poder Judicial, el Congreso, la Fiscalía y la Contraloría, junto a las carteras de Interior, Defensa y Justicia, para articular una respuesta de Estado.
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, anunció la creación de una fuerza de tarea interinstitucional encargada de unificar las bases de datos y esclarecer la ubicación de los menores. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, asumió la coordinación política de la emergencia y encomendó a la PDI la centralización del listado oficial para verificar de manera rigurosa la identidad de los niños que vayan siendo localizados.
Por su parte, los municipios de la Región Metropolitana y de la Región de O’Higgins comenzaron a cruzar datos de sus servicios locales de salud, educación y las Oficinas Locales de la Niñez (OLN):
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Estación Central: El municipio confirmó el hallazgo de siete menores pertenecientes al listado en distintos domicilios, reportando que se encuentran escolarizados y viviendo con familiares o tutores, aunque en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
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San Bernardo y Pedro Aguirre Cerda: Equipos multidisciplinarios en terreno lograron verificar la habitabilidad de al menos diez menores e iniciaron segundas visitas de fiscalización para ubicar los casos pendientes de sus respectivas comunas.
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Conchalí: Dispuso un equipo especial con traducción en idioma criollo haitiano (creole) para agilizar los peritajes en terreno fijados para fines de junio.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció la convocatoria a un consejo regional de seguridad extraordinario con los 52 alcaldes de la capital. El objetivo es incorporar las plataformas de seguridad municipal a las labores de búsqueda activa y capturar información que permita identificar a los responsables de las redes de tráfico infantil que operaron en el país.
