Una intensa controversia política y técnica se ha desatado tras conocerse el impacto real de la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, una de las medidas clave de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que, si bien la iniciativa busca aliviar económicamente a la tercera edad, los mayores beneficios se concentrarán en los sectores de más altos ingresos, afectando de manera directa los presupuestos de las comunas más ricas del país.
El anuncio se dio a conocer mediante un mensaje audiovisual enviado por el secretario de Estado al Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que se realiza en la Región de Coquimbo. En su intervención, Quiroz buscó calmar los ánimos de los jefes comunales asegurando que el Fondo Común Municipal (FCM) mantendrá su monto actual fijo y reajustable por IPC mediante una indicación legal. Según los datos de Hacienda, el impacto será menor al 1% para el 88% de los municipios, afectando principalmente a 12 comunas de altos ingresos.
Sin embargo, las estimaciones del Gobierno Central han generado reparos inmediatos. Los equipos técnicos de las asociaciones municipales advierten que la pérdida global asciende a 200 millones de dólares. Aunque el Ejecutivo prometió reponer 130 millones correspondientes al FCM, los restantes 70 millones de dólares no serán compensados, golpeando directamente las arcas locales. Además, alcaldes de diversas colectividades acusan discrepancias en las cifras; en Providencia calculan el impacto en el doble de lo estimado por Hacienda, mientras que en Vitacura alertan que el envejecimiento progresivo de la población duplicará el déficit municipal en un plazo de ocho años.
Desde Las Condes, la alcaldesa y vicepresidenta de la AChM, Catalina San Martín, advirtió que la medida significará una merma de 10.000 millones de pesos solo en el primer año para su comuna. La jefa comunal enfatizó que este recorte no perjudica a las autoridades de turno, sino de manera directa a los vecinos, al verse comprometidos recursos de carácter permanente destinados a servicios esenciales como seguridad, salud primaria y aseo.
Tensión legislativa por el endeudamiento fiscal
El conflicto municipal coincide con un complejo escenario para Teatinos 120 en el Congreso. El ministro Quiroz se presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados para solicitar un aumento de la deuda pública por 6.200 millones de dólares, argumentando la necesidad de cubrir un déficit fiscal mayor al previsto y saldar compromisos pendientes con proveedores de la administración anterior.
La solicitud provocó duras críticas de la oposición parlamentaria, que califica de contradictorio reducir la recaudación tributaria mediante exenciones mientras en paralelo se incrementa el endeudamiento del Estado. Desde las bancadas del Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana (DC) ya se anunció el rechazo a la solicitud de deuda, acusando el riesgo de caminar hacia un «abismo fiscal». En contraste, sectores oficialistas respaldaron la urgencia de otorgar holgura financiera al Ejecutivo ante el complejo escenario económico, defendiendo que el proyecto macro busca incentivar la inversión privada y reactivar la economía nacional.
Ante el aumento de la tensión con los gobiernos locales y los reparos transversales al articulado —que inicia su segundo trámite constitucional en el Senado—, el Presidente de la República, José Antonio Kast, asistió al cónclave de alcaldes en el norte del país con el objetivo de destrabar el conflicto y abrir canales formales de negociación directa con los municipios afectados.
