Chile enfrenta un desafío creciente en salud mental: uno de cada cuatro chilenos sufre ansiedad y un 13% vive con depresión, mientras que el 69% considera la salud mental el problema más urgente del país. Sin embargo, solo el 20% recibe tratamiento y los tiempos de espera en el sistema público superan los 236 días, dejando a más de un millón de personas sin acceso a atención adecuada.
Frente a esta brecha, el modelo comunitario de salud mental se presenta como una alternativa efectiva. Basado en la prevención y en la movilización de recursos locales, busca fortalecer tanto la capacidad de las comunidades como la cobertura de los servicios, complementando la atención clínica individual con estrategias colectivas.
En este contexto, los gobiernos locales juegan un papel central. Su cercanía con las comunidades permite diseñar políticas adaptadas a la diversidad territorial y sociocultural, mientras que su posición como puente entre lo institucional y lo comunitario facilita la coordinación intersectorial. Esto incluye conectar escuelas, hospitales, organizaciones sociales y universidades para promover redes que potencien la prevención, el acompañamiento y la promoción del bienestar.
No obstante, para evitar que esta descentralización profundice desigualdades entre municipios con distintos recursos, es clave que el Estado garantice acompañamiento técnico y redistribución presupuestaria. Así, cada territorio podrá desarrollar estrategias pertinentes y sostenibles, potenciando una sinergia entre instituciones y ciudadanía.
La Ley 21.331, vigente desde 2021, respalda este enfoque. Reconoce los derechos fundamentales de las personas con enfermedades mentales, promueve la atención preferentemente comunitaria y establece medidas para garantizar igualdad de cobertura, consentimiento informado y protección frente a hospitalizaciones involuntarias. Esta normativa fortalece la dignidad, autonomía e inclusión social, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos.
El desafío, entonces, es transformar estas oportunidades en acciones concretas: un sistema de salud mental inclusivo, cercano y comunitario, donde la participación ciudadana y la coordinación local sean el eje de la política pública.
