En un contexto marcado por crecientes episodios de violencia en establecimientos educacionales, el Gobierno publicó el 01 de abril de 2026, en el Diario Oficial la Ley N° 21.809 de Convivencia Escolar, normativa que busca fortalecer la seguridad y el bienestar dentro de las comunidades educativas.
La nueva legislación contempla la posibilidad de instalar detectores de metales en los accesos a los colegios, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas u otros elementos peligrosos. Sin embargo, la medida no será obligatoria: su implementación deberá estar respaldada por antecedentes concretos y contar con el apoyo de la comunidad escolar. Además, cada establecimiento deberá definir protocolos que resguarden derechos fundamentales como la privacidad, la no discriminación y el debido proceso.
Junto con estas disposiciones, la ley refuerza la exigencia de contar con equipos de convivencia escolar y planes integrales que incluyan promoción de la salud mental, prevención del suicidio y mecanismos de resolución de conflictos.
La iniciativa surge tras una serie de hechos de alta connotación pública, que han instalado nuevamente la preocupación por la seguridad en las aulas. No obstante, desde el ámbito docente advierten que las medidas son insuficientes si no se abordan las causas estructurales del problema, subrayando la necesidad de políticas integrales con foco en el acompañamiento psicosocial.
Así, mientras el Ejecutivo apuesta por herramientas de control y prevención, el debate sigue abierto respecto a la efectividad de estas acciones frente a una crisis que trasciende la presencia de objetos peligrosos en los recintos escolares.
