En una respuesta directa al recrudecimiento de la violencia en el entorno educativo, el Presidente José Antonio Kast encabezó esta mañana la firma de dos proyectos de ley que buscan reestablecer el orden y la seguridad en los establecimientos del país. La urgencia de estas medidas se vio catalizada por la reciente tragedia en Calama, donde una inspectora perdió la vida a manos de un estudiante, un hecho que ha conmocionado a la opinión pública y acelerado la agenda del Ejecutivo.
Desde el Palacio de La Moneda, el Mandatario enfatizó que la crisis de inseguridad en las escuelas ha sobrepasado los límites de lo tolerable, haciendo un llamado a la unidad nacional para tramitar estas iniciativas con celeridad.
Un blindaje de cinco pilares para los colegios
El primer paquete legislativo introduce medidas de control rigurosas y consecuencias administrativas sin precedentes para quienes incurran en actos delictivos dentro de la comunidad escolar. Entre los puntos más destacados se encuentran:
-
Pérdida de beneficios estatales: Se establece la inhabilitación para acceder a la gratuidad en educación superior a aquellos estudiantes condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad pública.
-
Controles de seguridad: Se faculta a las instituciones para la revisión de mochilas y pertenencias tanto de alumnos como de docentes.
-
Identificación obligatoria: Se prohíbe el uso de prendas que oculten el rostro, como capuchas o pasamontañas, facilitando la identificación facial en todo momento.
-
Protección de la jornada académica: Se crean sanciones específicas para quienes interrumpan el desarrollo de las clases, apuntando directamente a las convocatorias de tomas y disturbios en liceos emblemáticos.
-
Autonomía docente: Se refuerza la autoridad del profesorado para aplicar medidas disciplinarias y correctivas inmediatas que resguarden el clima de aprendizaje.
Agravantes penales y urgencia legislativa
La segunda iniciativa apunta a modificar el Código Penal para introducir una agravante especial por delitos cometidos dentro de recintos educacionales o en los trayectos escolares. Según la Ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el objetivo es elevar las penas de manera que el entorno escolar sea considerado un espacio de protección reforzada por la ley.
Por su parte, la Ministra de Educación, María Paz Arzola, subrayó que el derecho a la educación se encuentra bajo amenaza por la delincuencia, y que estas reformas son la vía para «recuperar la paz que las comunidades educativas están exigiendo».
