Un inédito y grave episodio sacudió al escenario político y de seguridad nacional tras revelarse la desactivación de un plan concreto para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White. La trama quedó al descubierto tras la recaptura de Juan Flores Valenzuela, conocido como el «Indio Juan» —un peligroso delincuente fugado de la ex Penitenciaría—, a quien la PDI y la Fiscalía Occidente interceptaron llamadas telefónicas que confirmaban el atentado proyectado para ejecutarse antes de las Fiestas Patrias.
La notificación oficial por parte del Ministerio Público provocó una severa descompensación en el jefe comunal, quien debió ser ingresado en shock a la Clínica Indisa de Maipú. El hecho marca la quinta amenaza de muerte reportada por la autoridad desde que asumió el cargo en 2021, aunque en esta oportunidad la Fiscalía confirmó que no se trataba de amedrentamientos verbales, sino de una planificación operativa en marcha, lo que motivó un refuerzo inmediato en sus esquemas de protección policial.
El suceso generó un transversal rechazo en el espectro político y encendió las alarmas institucionales. Hasta el recinto asistencial llegaron el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, y el delegado presidencial, Germán Codina, quienes emitieron un pronunciamiento conjunto en el que calificaron el hecho como un hito inédito en la historia republicana de Chile. Las autoridades regionales instaron al Estado a actuar con firmeza para evitar que el crimen organizado condicione a las autoridades electas democráticamente y llamaron a tramitar con celeridad las reformas de seguridad en el Congreso.
Por su parte, desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), su presidente y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, advirtió sobre la extrema vulnerabilidad que enfrentan los gobiernos locales en la primera línea de combate contra el narcotráfico. Alessandri instó a la creación urgente de una fuerza de tarea especializada y al endurecimiento de la legislación contra el sicariato, señalando que el atentado contra la máxima autoridad de San Bernardo constituye una agresión directa a la institucionalidad del país.
