Con una fecha límite fijada para el próximo 12 de agosto, el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley para subsanar nudos críticos de la Ley 21.802. La iniciativa busca levantar los límites de gasto en personal de seguridad y destrabar la obtención de licencias de conducir clase F para evitar que la flota municipal quede inhabilitada para operar.
Una carrera contra el tiempo enfrenta la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Municipal. Un vacío legal en la normativa vigente amenaza con paralizar por completo los patrullajes preventivos en todo el país a partir del próximo 12 de agosto, fecha en que los vehículos edilicios quedarían impedidos de circular si no se corrigen sus requisitos de operación.
Para destrabar este y otros nudos operativos, el Ejecutivo —a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito— coordinó junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) el ingreso con urgencia de una «ley corta» al Congreso Nacional.
Nudos presupuestarios y licencias de emergencia
El ajuste legislativo apunta directamente a dos trabas técnicas que dificultan la implementación de la Ley 21.802:
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Tope de gasto en personal: Actualmente, la normativa prohíbe que el gasto anual en personal de las municipalidades supere el 42% de sus ingresos propios. La nueva iniciativa busca excluir de esta limitación el presupuesto destinado a remuneraciones y contrataciones de los equipos de seguridad preventiva.
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Habilitación de conductores: Al catalogar a los móviles municipales como vehículos de emergencia, sus conductores quedan obligados a contar con la licencia especial clase F. La ley corta propone facultar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para firmar convenios institucionales que permitan agilizar y masificar los cursos de capacitación necesarios.
«Gobernar con seriedad es anticiparse a los problemas, no lamentarlos. Perfeccionar estas leyes es la base sobre la cual se sostienen los resultados en seguridad que las familias esperan ver», enfatizó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, tras la reunión sostenienda con ediles de diversas zonas del país.
Consenso transversal y llamado a la agilidad parlamentaria
El proyecto fue elaborado tras la aplicación de una consulta técnica a 218 municipios y la realización de cuatro mesas de trabajo integradas por Carabineros, la PDI, SUBDERE y las asociaciones municipales. La estrategia incluyó el retiro previo del reglamento el pasado 17 de marzo para adecuarlo a las demandas territoriales.
Desde los gobiernos locales, la respuesta al anuncio ha sido de respaldo unánime:
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Maximiliano Ríos (Alcalde de Lo Prado y Pdte. Comisión de Seguridad ACHM): Resaltó que jefes comunales de todos los sectores políticos quedaron conformes al ver respuestas concretas a los aspectos pendientes.
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Claudia Adasme (Alcaldesa de Papudo y Tesorera ACHM): Valoró que la propuesta recoja las inquietudes que los equipos técnicos municipales venían advirtiendo desde la tramitación inicial.
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Gustavo Toro (Alcalde de San Ramón): Hizo un llamado expreso al Congreso a tramitar la iniciativa de manera expedita para evitar complicaciones operativas al llegar la fecha de entrada en vigencia.
El debate de fondo: Facultades y persecución del delito
El destrabe operativo reabre una discusión más amplia sobre las atribuciones del rol municipal. Mientras los municipios buscan fortalecer su capacidad preventiva e intervenir en problemáticas complejas de espacio público —como la proliferación de instalaciones informales o «rucos»—, desde el Ejecutivo señalan la necesidad de avanzar hacia esquemas de mayor especialización.
Pese a que las estadísticas oficiales muestran disminuciones en delitos de mayor connotación social, las autoridades coinciden en que episodios de alta violencia mantienen elevada la sensación de inseguridad ciudadana. Bajo ese escenario, se busca robustecer el ecosistema de seguridad para que la vigilancia municipal funcione como un complemento efectivo que permita a las fuerzas policiales concentrar sus recursos en el control y la persecución penal.
