Una compleja controversia administrativa enfrenta la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, luego de ser denunciada formalmente ante ChileCompra por la Fundación América Transparente. La organización civil acusó a la entidad de recurrir a una presunta fragmentación de compras públicas para adquirir 1.700 álbumes y 6.800 sobres de láminas del Mundial de Fútbol 2026, un mecanismo que habría permitido eludir un proceso de licitación pública obligatoria.
De acuerdo con los antecedentes recopilados de los registros de compras del Estado, el monto total de la operación ascendió a $12.995.752. Sin embargo, en lugar de convocar a un concurso público abierto por la suma global, la Corporación Municipal dividió el requerimiento en dos procesos independientes bajo la modalidad de «Compra Ágil», un sistema simplificado diseñado para montos menores que permite la adjudicación directa de contratos.
El desglose de las transacciones revela una coincidencia exacta en las cifras que despertó las alarmas de los fiscalizadores: la orden por los 1.700 álbumes de tapa blanda se emitió por $6.497.876, mientras que los sobres de láminas fueron adquiridos de forma paralela por idéntico valor de $6.497.876. Al dividir el presupuesto a la mitad, cada boleta se mantuvo artificialmente por debajo del límite legal que exige la ley de compras públicas para pasar a un régimen de licitación.
La fundación denunciante precisó que ambas órdenes de compra recayeron en un único beneficiario: la empresa Grupo Tradenix SpA, una sociedad que inició sus actividades tributarias en junio de 2025.
Desde el punto de vista técnico, la fragmentación de contratos —dividir un requerimiento global en pequeñas transacciones sucesivas— es considerada una irregularidad administrativa que busca evadir la libre competencia, debilitar la transparencia y favorecer la selección discrecional de proveedores.
Respecto a las justificaciones institucionales, el organismo municipal argumentó en las respectivas órdenes que la compra de los álbumes buscaba «apoyar actividades recreativas y educativas», en tanto que el gasto en las figuras coleccionables tenía como meta «fortalecer la integración estudiantil» en los recintos de la comuna.
Desde América Transparente criticaron duramente los argumentos y la validez del procedimiento, enfatizando que los recursos fiscales exigen una probidad estricta e independiente de la naturaleza recreativa de los bienes adquiridos.
Tras la presentación formal del requerimiento, será la Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra) la entidad encargada de auditar los expedientes e instruir las investigaciones correspondientes para determinar si existió una infracción a la normativa vigente en el uso de estos fondos locales. Hasta el momento, la Corporación Municipal de Colina no ha emitido una declaración oficial ni descargos públicos ante las imputaciones.
