Alcaldes de la Amuch manifestaron su preocupación al ministro Jorge Quiroz por el desfinanciamiento local que generará el beneficio para mayores de 65 años. Si bien el Ejecutivo garantizó reponer los fondos del Fondo Común Municipal, quedan en el aire 70 millones de dólares de recaudación directa que afectarán los programas sociales comunitarios.
Una reunión de alta complejidad política y técnica protagonizaron los alcaldes representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. El eje central del encuentro fue manifestar la profunda inquietud de los gobiernos locales ante una de las medidas estrella de la megarreforma gubernamental: la exención total en el pago de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años.
A pesar de que los jefes comunales comparten la necesidad y el espíritu de aliviar la carga económica de la población de la tercera edad, alertaron formalmente sobre el severo descalce presupuestario que la aplicación de esta normativa provocará en las arcas municipales. Esta merma de ingresos impactará de manera directa en la continuidad y calidad de diversos beneficios y subsidios sociales enfocados en la ciudadanía.
De acuerdo con las estimaciones oficiales entregadas por el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal de la exención habitacional implicará una contracción en la recaudación de unos 200 millones de dólares anuales. El diseño actual del sistema de financiamiento local arriesga golpear con especial fuerza a las comunas que reúnen la mayor base tributaria por concepto de bienes raíces.
El desglose de las cifras y el punto de discordia
Frente a este escenario de desfinanciamiento, el ministro Jorge Quiroz buscó dar certezas técnicas y ratificó que el Ejecutivo repondrá de manera permanente e indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) los 130 millones de dólares que corresponden a las mermas del Fondo Común Municipal, inyección que se canalizará a través de la Ley de Presupuestos.
Sin embargo, el punto de fricción insatisfecho radica en los 70 millones de dólares restantes. Este monto, que ingresa de forma directa a las arcas de cada comuna, dejará de percibirse de manera definitiva bajo el diseño actual, abriendo la alerta en los alcaldes respecto a cómo financiarán sus programas locales.
Tras la cita, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Amuch, advirtió que la autoridad fiscal aún no dimensionaba el escenario microeconómico local: «El ministro no tenía claro el real impacto que esto significaba en cada uno de nuestros municipios. Por lo mismo, quedamos de entregarle formalmente un documento técnico que hemos estado trabajando con los demás alcaldes para que ellos lo estudien», señaló.
Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, enfatizó el valor de los canales institucionales pero mantuvo sus reservas sobre las soluciones definitivas. «No tenemos resuelto el problema y eso me sigue preocupando, pero sí tenemos apertura al diálogo. Vamos a seguir en conversaciones porque queremos llevarle al ministro datos. Estamos de acuerdo en que las personas mayores de 65 años tienen que estar exentas; algunos alcaldes creemos que debe tener límites esta medida», matizó la jefa comunal.
El compromiso inmediato de las municipalidades será remitir al Ejecutivo un catastro pormenorizado con datos territoriales empíricos, buscando que la tramitación final de la reforma incorpore mecanismos que compensen los presupuestos comunales sin desproteger los servicios vecinales.
