En el marco de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció la firma y el envío de un proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa sectorial busca frenar las conductas que deterioran el entorno urbano y la convivencia comunitaria, estableciendo como sanción principal la suspensión temporal de importantes beneficios estatales.
El diseño de la propuesta legal y el debate técnico que ha generado en sus primeras horas priorizan los siguientes lineamientos:
Mecanismo de sanción y temporalidad
A diferencia de otras inhabilidades definitivas, la pérdida de asistencias estatales estará sujeta estrictamente al tiempo de permanencia en la plataforma regulatoria. Según explicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, la medida busca cumplir con un criterio de proporcionalidad jurídica.
La permanencia en el registro se dividirá según la gravedad de la falta:
-
Delitos (Vandalismo): Los infractores ingresarán al registro por un periodo fijo de 5 años. Una vez cumplido ese plazo, quedarán habilitados para recuperar los beneficios correspondientes.
-
Incivilidades: Tendrán una escala gradual que comenzará en 1 año para la primera infracción, extendiéndose a dos o tres años en caso de reincidencia.
Beneficios estatales comprometidos
El ingreso al listado suspenderá el acceso a herramientas de apoyo social clave en áreas de educación, previsión y vivienda. Entre los principales beneficios que contempla el borrador técnico se encuentran:
-
Acceso a la Gratuidad en la educación superior.
-
Recepción de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
-
Asignación del Subsidio de Arriendo de vivienda.
Conductas tipificadas en el proyecto
La propuesta del Ejecutivo diferencia las infracciones penales vigentes de aquellas conductas urbanas que, sin constituir delitos tradicionales, alteran el orden en los barrios:
| Categoría: Delitos y Vandalismo | Categoría: Incivilidades Urbanas |
| * Atentados contra Carabineros y personal de salud | * Venta ilegal de alcohol |
| * Retención de transporte público | * Consumo de drogas en la vía pública |
| * Tráfico de estupefacientes | * Rayados no autorizados (públicos y privados) |
| * Daño a monumentos nacionales | * Destrucción de equipamiento comunitario |
«No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios y deterioran la infraestructura pública», enfatizó el mandatario en el Salón de Honor.
Reacciones y debate legislativo
La tramitación de la ley enfrentará un escenario complejo en el Congreso Nacional debido a las distintas miradas técnicas y políticas:
-
Sectores de oposición (Izquierda): Han planteado reparos constitucionales, argumentando que la exclusión de derechos sociales fundamentales en base a la conducta del beneficiario podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
-
Ministerio Público: El fiscal nacional, Ángel Valencia, valoró la iniciativa bajo la perspectiva de la «teoría de las ventanas rotas», señalando que sancionar las faltas pequeñas previene la escalada hacia delitos mayores. No obstante, advirtió que la base de datos deberá alinearse estrictamente con los estándares internacionales de protección de datos personales, sugiriendo además que este tipo de registros de inhabilidades incorpore también a los autores de delitos económicos.
De este modo, el proyecto del Registro Único de Vándalos e Incivilidades establece una arquitectura de información donde convergen distintos niveles de la administración pública y el sistema de justicia.
Aunque la propuesta aún está en proceso de tramitación legislativa y su reglamento final se definirá tras su aprobación, el diseño general presentado por el Ejecutivo contempla las siguientes responsabilidades:
¿Quién alimentará el registro?
La base de datos se nutrirá de la información proveniente de múltiples fuentes institucionales, garantizando que el registro sea un reflejo fiel de las condenas y faltas registradas legalmente:
-
Ministerio Público (Fiscalía): Tendrá un rol central al registrar los delitos que ingresen al sistema, asegurando que se incluya la información penal relevante.
-
Policías (Carabineros y PDI): Actuarán como los agentes detectores en terreno, especialmente en lo que respecta a las «incivilidades» (faltas no constitutivas de delito mayor) como el consumo de drogas en la vía pública o rayados.
-
Autoridad Administrativa: La administración central será la encargada de gestionar el cruce de datos con los organismos que otorgan los beneficios (como el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Social) para aplicar la suspensión de estos.
El rol de las Municipalidades
Las municipalidades cobran una relevancia especial respecto a las ideas centrales que impulsa el proyecto. Su rol se articulará de la siguiente forma:
-
Fiscalización Local: Los municipios, a través de sus direcciones de Seguridad Ciudadana e inspectores municipales, serán actores clave para reportar y controlar las incivilidades en los barrios, como la venta ilegal de alcohol o la destrucción de equipamiento comunitario.
-
Intervención en Barrios Críticos: El gobierno ha anunciado la intervención de 50 barrios críticos a nivel nacional. En este plan, el municipio no solo aporta información para el registro, sino que trabaja coordinadamente con la policía para recuperar espacios públicos y sancionar las conductas que «horadan» la tranquilidad de las familias.
Finalmente, el Ejecutivo defendió la focalización de la medida argumentando que son los sectores de clase media y los barrios populares los que sufren de manera directa el impacto del deterioro del entorno, por lo que el proyecto iniciará su discusión legislativa formal durante los próximos días en las comisiones técnicas del Parlamento.
