En una jornada clave para la agenda de seguridad interior, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley «Escuelas Protegidas», despachando la iniciativa del Ejecutivo para su próxima promulgación. La propuesta, impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, fue visada en general por 105 votos a favor y 46 en contra, contando con el respaldo de la Democracia Cristiana y sectores de centroderecha, mientras que las bancadas oficialistas (PS, Frente Amplio, PPD y PC) votaron en contra y presentaron tres reservas de constitucionalidad.
La iniciativa, que introduce modificaciones a la Ley General de Educación, dotará a los establecimientos de nuevas herramientas de control preventivo frente a la crisis de convivencia y violencia en los planteles. No obstante, antes de su entrada en vigencia, el texto deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional debido a los requerimientos presentados por la oposición.
Revisión de pertenencias y protocolos de control
El eje central de la normativa faculta a los sostenedores a modificar sus reglamentos internos para incorporar la revisión preventiva de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes, con el fin de evitar el ingreso de elementos peligrosos o que atenten contra la infraestructura.
Para garantizar el resguardo de los menores, el Senado incorporó indicaciones específicas:
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Prohibición corporal: Queda estrictamente prohibido el registro físico, corporal o de vestimentas, así como exigir al estudiante que se desnude.
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Protocolo de revisión: El procedimiento se realizará en espacios designados, siempre bajo la presencia de al menos dos adultos del establecimiento, y se deberá levantar un acta formal del proceso.
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Mecanismo ante negativas: Se podrá solicitar al alumno que vacíe sus bolsillos. Si este se niega, se notificará a los apoderados para que asistan al recinto. Si persiste el rechazo en presencia de los tutores, las pertenencias deberán ser retiradas del colegio y el sostenedor informará del caso a la Oficina Local de la Niñez.
De encontrarse elementos calificados como potencialmente peligrosos, o si existen indicios de la comisión de un delito, el personal del colegio deberá denunciar el hecho de forma inmediata a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones (PDI), instituciones que quedarán facultadas para registrar las vestimentas del implicado sin necesidad de una orden del fiscal.
Inhabilidad de gratuidad y sanciones a la violencia
La nueva ley establece severas sanciones de carácter administrativo y financiero. Uno de los puntos visados estipula que los estudiantes que sean condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad dentro o en las inmediaciones de los planteles, perderán el derecho a acceder al beneficio de la gratuidad en la educación superior por un plazo de cinco años. Si el beneficio ya hubiese sido adquirido al momento del delito, quedarán sujetos a la misma inhabilidad.
Asimismo, la legislación contempla el resguardo del cuerpo docente y administrativo:
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Los recintos educacionales podrán suspender el derecho de admisión a aquellos padres o tutores que agredan al personal o a otros alumnos, ya sea de forma física o por canales digitales.
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Los adultos condenados por agresiones hacia profesionales o asistentes de la educación tendrán la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un período de tres años.
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Se autoriza la prohibición reglamentaria de prendas o accesorios que impidan la identificación facial (como capuchas), excluyendo casos debidamente justificados por razones de salud, sensoriales, climáticas, religiosas o de identidad de género.
Visiones contrapuestas en el debate legislativo
Tras la votación, la ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el despacho de la iniciativa y destacó que los cambios del Senado permitieron resolver aprensiones legítimas sin alterar el propósito de la ley.
En el debate parlamentario se evidenciaron posturas distantes. Desde la oposición parlamentaria, el diputado Juan Santana (PS) criticó el fondo de la norma al calificarla de «punitiva» y argumentar que los registros de control no solucionan los problemas estructurales de la convivencia escolar. En contraste, la diputada Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) defendió el proyecto como un avance necesario frente a la destrucción y los hechos de violencia en la educación pública.
Por su parte, desde la Defensoría de la Niñez, su titular Anuar Quesille advirtió que, si bien la situación es grave y requiere intervención estatal, la evidencia demuestra que el endurecimiento de penas no previene los delitos por sí solo, instando al desarrollo de una estrategia integral que complemente la seguridad con el fortalecimiento de la salud mental y la intervención temprana en las comunidades.
