En una definición clave para las arcas municipales del país, el Tribunal Constitucional (TC) concluyó la revisión del proyecto de Ley de Reconstrucción eliminando los requisitos administrativos que condicionaban el traspaso de compensaciones económicas a los municipios por la exención de contribuciones a la vivienda principal de personas mayores de 65 años.
La iniciativa legal original supeditaba la entrega íntegra de estas transferencias fiscales a que las administraciones locales cumplieran con exigencias como el reporte mensual de dotaciones y remuneraciones, así como a la reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de determinados permisos. Sin embargo, la magistratura determinó que tales condiciones vulneraban el principio de solidaridad territorial establecido en la Carta Fundamental, concluyendo que el mecanismo afectaba de manera desproporcionada a municipios rurales y de menor capacidad técnica. Con esta decisión, la compensación fiscal deberá traspasarse de forma íntegra y sin estar sujeta a metas de desempeño.
La resolución cobra relevancia financiera si se considera que la exención impositiva a los adultos mayores representa una menor recaudación estimada en 110 mil millones de pesos para el Fondo Común Municipal (FCM) y otros 80 mil millones de pesos que dejarán de ingresar directamente a los presupuestos comunales.
Anulación de beneficio exclusivo y reacciones encontradas
Junto con desestimar las exigencias administrativas, el TC suprimió una cláusula transitoria que permitía a cuatro municipios —Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura— retener durante los años 2027 y 2028 los mayores ingresos derivados del cobro de patentes comerciales y derechos de aseo morosos sin aportarlos al pozo redistributivo. El tribunal consideró que dicha exención otorgaba una ventaja injustificada a comunas de altos ingresos, reduciendo los fondos destinados a más de 300 municipios que dependen del FCM para financiar servicios esenciales de salud, seguridad y programas sociales.
El fallo generó reacciones encontradas entre los jefes comunales:
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Maipú: El alcalde Tomás Vodanovic catalogó la resolución como una «buena noticia para el municipalismo» y abogó por avanzar hacia un debate estructural en el marco de una nueva Ley de Rentas Municipales.
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Punta Arenas: El alcalde Claudio Radonich calificó la determinación de la magistratura como un acto de justicia para las arcas locales.
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Vitacura: La alcaldesa Camiila Merino señaló que, pese a la eliminación de las exigencias del texto legal, la municipalidad mantendrá sus compromisos de transparencia y optimización en la entrega de permisos, e hizo un llamado al Ejecutivo a revisar y modernizar las cargas regulatorias que afectan a los emprendedores.
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Santiago: En postura crítica, el alcalde Mario Desbordes manifestó su rechazo al dictamen, argumentando que la comuna enfrenta exigencias de gasto operativo superiores al promedio nacional y un aporte sustancial al FCM en comparación con lo que recibe. Desbordes anticipó que evaluará acciones ante lo que consideró una caracterización imprecisa de la realidad presupuestaria de su municipio.
El dictamen del TC despeja el camino para la promulgación de la Ley de Reconstrucción, al tiempo que reactiva la discusión técnica y política sobre la necesidad de concretar reformas permanentes al sistema de financiamiento y redistribución municipal en Chile.
