El controvertido proyecto minero para la extracción de tierras raras en Penco —que abarca una inversión estimada de 130 millones de dólares e impacta parcialmente a la comuna de Concepción— entra en una etapa decisiva en la institucionalidad ambiental. Tras finalizar el período formal de impugnaciones contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) otorgada a la empresa Aclara, el proceso se encamina hacia la revisión final por parte del Comité de Ministros, instancia administrativa de última ratio antes de eventuales acciones ante el Tribunal Ambiental.
En el balance de las acciones presentadas, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró admisibles los recursos interpusieron comunidades sociales e indígenas de Penco, junto con la Fundación Keule. No obstante, la reclamación presentada por la Municipalidad de Concepción fue declarada inadmisible debido a que el organismo edila utilizó una vía procedimental equivocada para cursar la impugnación, según detallaron representantes legales de los requirentes. Desde la administración penquista señalaron que su actuar respondía a la premisa de ser un órgano del Estado con competencias ambientales activas durante todo el proceso.
Previamente, la acción iniciada por la Municipalidad de Concepción apuntaba a resguardar la participación ciudadana y evaluar eventuales afectaciones en la cuenca del río Andalién y la calidad del aire. Desde la alcaldía aclararon que la medida no buscaba frenar el desarrollo extractivo en la zona, sino exigir mayores estándares socioambientales a la minera. Por su parte, la Municipalidad de Penco optó por no ingresar una acción independiente, coordinando su posición junto a las organizaciones comunitarias y sus equipos jurídicos.
Con la inadmisibilidad del recurso municipal y el vencimiento de los plazos legales para nuevas presentaciones, la decisión final en sede administrativa queda supeditada a lo que resuelva el Consejo de Ministros sobre las reclamaciones territoriales y ecologistas que continúan en carrera.
