La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) buscan formalizar por el delito de fraude al fisco al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, al exdirector jurídico del municipio, Cristian Pinto, y a cuatro exconcejales de la comuna: Ariel Durán, René Lucero, Osvaldo Campos y Francisco Reyes. La causa indaga una condonación de $1.200 millones otorgada en 2020 por concepto de patentes comerciales a la Embotelladora Llacolén, propiedad del empresario Alberto Scuncio.
La audiencia, programada para desarrollarse en dos jornadas, contempla que tanto el Ministerio Público como el CDE soliciten medidas cautelares de alta intensidad, sin descartar la prisión preventiva para los imputados.
Postura de la defensa y litigios paralelos
Desde el equipo legal del exjefe jurídico Cristian Pinto, el abogado Andrés Cruz descartó un acuerdo entre las partes. Según la defensa, el actuar del Concejo Municipal se respaldó en peritajes independientes que detectaron irregularidades en los cobros de derechos ejecutados previamente por la municipalidad hacia la firma.
En esa misma línea, la Embotelladora Llacolén mantiene un juicio civil vigente contra el municipio por presuntos cobros improcedentes. De corroborarse eventuales anomalías en las liquidaciones municipales, la tesis defensiva sostiene que se debilitaría la imputación de un actuar defraudatorio presentada por los entes querellantes.
Las complejas dilaciones del proceso
El hito judicial se da tras múltiples intentos fallidos de concretar la formalización. El avance de la causa ha enfrentado diversas suspensiones atribuibles a la indisponibilidad de jueces en el Tribunal de Garantía de Coronel, licencias médicas presentadas por la defensa del jefe comunal y reclamos de la contraparte por falta de acceso oportuno a la carpeta de investigación.
