Un complejo escenario financiero e institucional enfrenta la Municipalidad de Cartagena tras revelarse los resultados de una auditoría externa realizada al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). El estudio, enfocado en la gestión 2021-2024, detectó más de $2.550 millones de pesos correspondientes a subvenciones escolares sin la debida acreditación bancaria, además de inconsistencias contables y traspasos de fondos entre cuentas municipales.
De acuerdo con el informe elaborado por la firma Fortunato y Asociados Ltda., el saldo no comprobado al cierre de diciembre de 2023 corresponde a recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), entregados por el Ministerio de Educación. La cifra equivale al presupuesto anual completo que la comuna destina al área educativa municipal.
Entre las observaciones consignadas figuran también la transferencia de $400 millones desde cuentas exclusivas de incentivos escolares hacia fondos generales del DAEM, un monto superior a $526 millones en pagos a proveedores no reportados ante la Superintendencia de Educación, conciliaciones bancarias descalzadas y eventuales moras previsionales con funcionarios. Por su parte, la Contraloría Regional de Valparaíso categorizó parte de los hallazgos bajo la figura de «Riesgo de Fraude o Corrupción», ordenando instruir procesos sumarios.
La actual alcaldesa de la comuna, Lily Silva, confirmó que el equipo jurídico del municipio se encuentra analizando en profundidad los antecedentes para interponer las querellas criminales que correspondan contra quienes resulten responsables, buscando perseguir un eventual delito de malversación de caudales públicos y esclarecer el destino de los recursos.
En contraste, el exalcalde de Cartagena durante dicho período y actual concejal, Rodrigo García, descartó categóricamente la existencia de ilícitos o desfalcos, atribuyendo la situación a desórdenes administrativos en el proceso de rendición de cuentas y al pago de remuneraciones del sector. García sostuvo que la responsabilidad actual recae en la nueva gestión para subsanar y regularizar la información contable ante los organismos fiscalizadores.
Mientras parte del Concejo Municipal cuestiona el costo de la revisión externa argumentando que replica lo advertido previamente por el ente contralor, ediles de la comuna respaldaron llevar los antecedentes a la justicia para proteger el patrimonio comunal y dar transparencia al uso de las arcas públicas.
