El tramo final del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso ha desencadenado una inédita crisis política en el municipalismo chileno. La discusión sobre el mecanismo de compensación económica para los municipios tras la exención del impuesto a las contribuciones no solo mantiene enfrentados a jefes comunales del oficialismo y la oposición a pocos días de su votación en el Senado, sino que también amenaza con fragmentar definitivamente a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
El punto de mayor tensión radica en la fórmula propuesta por el Ejecutivo para cubrir la merma de ingresos locales a través de transferencias directas de la Tesorería General de la República. Mientras un sector de los alcaldes respalda la medida para asegurar la estabilidad financiera de sus territorios, jefes comunales del espectro opositor la han tildado de «regresiva», advirtiendo que se utilizarían impuestos generales de todos los chilenos para subsidiar principalmente a los municipios con mayor presupuesto del país.
Tensiones cruzadas y riesgo de división
La controversia ha permeado transversalmente a las administraciones comunales, generando posturas encontradas incluso al interior de los bloques políticos. Desde Renca, el alcalde Claudio Castro advirtió que la AChM se encuentra en un «punto de quiebre difícil de recuperar», acusando que la discusión nacional obligó a los ediles a atrincherarse en lógicas partidarias en lugar de velar por los intereses del municipalismo. Ante el desgaste del organismo representativo, Castro confirmó que se está evaluando seriamente una salida masiva para conformar una nueva asociación enfocada en el mundo progresista.
Sin embargo, los reparos al modelo gubernamental no provienen únicamente de la oposición. Agustín Iglesias, alcalde de Independencia —electo como independiente en cupo de Chile Vamos—, se desmarcó de sus pares oficialistas y rechazó el mecanismo de compensación. Iglesias argumentó que destinar cerca de $70 mil millones de fondos generales para beneficiar a comunas de altos ingresos contradice el discurso de austeridad fiscal del Gobierno. En su lugar, el edil hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast a presentar un veto de reposición que permita reformular el reparto de recursos e inyectarlos de manera gradual al Fondo Común Municipal.
El llamado a una discusión técnica
Por su parte, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, instó a desescalar el conflicto político y evitar que la discusión financiera se transforme en una «lucha de clases» entre municipios ricos y pobres. Sichel respaldó la necesidad de corregir las distorsiones del cobro de contribuciones a adultos mayores, pero enfatizó que la sostenibilidad de las arcas locales debe abordarse mediante un debate técnico. Entre sus propuestas figuran elevar la eficiencia en el cobro de patentes y derechos de aseo, junto con fortalecer las transferencias globales del Estado sin descuidar los instrumentos de solidaridad intercomunal.
Con las posturas polarizadas y acusaciones cruzadas de incumplimiento de acuerdos, la Cámara Alta tiene programada la votación decisiva de este artículo para los próximos días, en un escenario donde el balance del financiamiento local y la cohesión de los municipios chilenos continúan en juego.
