Un profundo quiebre político e institucional sacude a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) tras el acuerdo alcanzado entre su directiva —encabezada por el edil de Zapallar, Gustavo Alessandri— y el Gobierno. La controversia gira en torno a la fórmula de compensación por la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años, medida contemplada en el proyecto de reconstrucción e integración tributaria del Ejecutivo.
Un bloque de jefes comunales de la Región Metropolitana —entre los que figuran representantes de Maipú, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Espejo, San Ramón, Recoleta, Pudahuel y Renca— denunció que la negociación viola los consensos transversales fijados previamente en La Serena y debilita severamente el carácter redistributivo del Fondo Común Municipal (FCM).
Acusaciones de voto informal y brecha presupuestaria
Los alcaldes críticos calificaron el pacto de «regresivo e injusto», argumentando que el esquema propuesto utiliza recursos generales del Estado para compensar de forma directa y proporcional a las comunas según su recaudación previa, lo que beneficia ampliamente al sector oriente de la capital.
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Las Condes: Recibiría una compensación superior a los $13.000 millones de pesos.
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Quinta Normal: Percibiría cerca de $50 millones de pesos.
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San Ramón, Lo Espejo y Cerro Navia: Obtendrían aportes marginales de entre $3 y $4 millones de pesos.
Desde la oposición municipal acusaron además vicios procedimentales en la toma de decisiones dentro de la ACHM. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunciaron que la postura institucional se aprobó mediante una votación informal por WhatsApp por un estrecho margen de un voto, sin consultar a las bases de la entidad.
En respuesta a la resolución, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, anunció que someterá a votación del Concejo Municipal la salida formal de la comuna de la ACHM, medida que también está siendo evaluada por otros municipios de la capital.
Tensiones con el Ejecutivo y contrapunto parlamentario
La propuesta de los ediles movilizados exige que el 100% de los fondos destinados a la compensación —estimados en aproximadamente 200 millones de dólares— ingrese directamente al Fondo Común Municipal para ser distribuido según las necesidades reales de cada territorio, en lugar de restituirse de manera individual a los municipios de mayores ingresos.
El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, afirmó además que la indicación vulnera compromisos previos asumidos por el Ejecutivo con la bancada de la Democracia Cristiana durante la tramitación del proyecto.
«Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa no más». — Jorge Quiroz, Ministro de Hacienda.
Ante los cuestionamientos, el ministro Jorge Quiroz defendió el diseño oficialista argumentando que busca evitar mermas operativas en los presupuestos locales, descartando modificaciones al texto. Por su parte, desde el oficialismo parlamentario, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) enfatizó la necesidad de abordar los problemas de gestión financiera y las deudas previsionales que afectan a diversos municipios del país.
Próximos pasos en la tramitación
El conflicto se mantiene en desarrollo mientras las autoridades locales apuestan a intensificar las gestiones políticas antes del próximo 4 de agosto, fecha en que se contempla la votación de la indicación en el Senado, con el objetivo de reabrir el diálogo y reestructurar el mecanismo de financiamiento municipal.
