Una investigación especial al organismo de salud y educación reveló pagos sin respaldo a empresas externas, inconsistencias ante el SII y millonarios juicios por facturas cedidas a factoring. La actual administración comunal se querelló contra las firmas involucradas y la Fiscalía ya citó a declarar a exautoridades.
Un lapidario escenario administrativo y judicial quedó al descubierto tras la publicación del Informe Final N°22 de 2026 de la Contraloría Regional de Los Lagos. El organismo fiscalizador detectó pagos irregulares por más de $1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor (CMC), gatillando la inmediata remisión de los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII).
La auditoría, originada tras una denuncia ciudadana con reserva de identidad, puso la lupa sobre las operaciones realizadas entre 2022 y 2024. En ese periodo, correspondiente a la administración anterior, la corporación contrató a las firmas Finanzas Públicas SpA y Consultora Asesora Pyme SpA para gestionar la recuperación de subsidios por incapacidad laboral (licencias médicas) de los funcionarios, cobrando comisiones de entre el 15% y el 18% de los montos rescatados.
El mecanismo bajo sospecha
De acuerdo con la Contraloría, el proceso adolecía de graves fallas de control. El informe detalla la existencia de desembolsos sin respaldo suficiente, recuperaciones de dinero que jamás fueron acreditadas y transacciones que ni siquiera figuraban en los registros internos de la corporación.
Asimismo, los fiscalizadores detectaron que la información de identidad reportada por los proveedores no coincidía con los datos de las operaciones y descubrieron facturas con inconsistencias frente a los registros del SII.
A este complejo panorama se suma otra arista financiera crítica: la CMC enfrenta actualmente 11 juicios ejecutivos y embargos por un total de $833 millones, derivados del cobro de facturas cedidas a empresas de factoring. Según los antecedentes recabados, dichos procesos judiciales vinculados a las proveedoras carecen del respaldo que demuestre que los servicios fueron efectivamente prestados, comprometiendo severamente los recursos destinados a la salud municipal de la comuna chilota.
Citaciones judiciales y querellas ampliadas
Tras conocerse las conclusiones del ente fiscalizador, el concejal Ignacio Álvarez advirtió que el informe constata presuntos pagos de facturas sin prestación efectiva, eventuales documentos falsos y transferencias a cuentas personales. La autoridad confirmó además que, de forma paralela, la Fiscalía acogió la solicitud de citar a declarar en calidad de imputados al expresidente de la corporación y exalcalde, a sus exsecretarios generales y al exdirector de finanzas de la gestión precedente.
Por su parte, la actual administración de Castro, liderada por el alcalde Baltazar Elgueta, enfatizó su total colaboración con el proceso. El jefe comunal aseguró que desde el inicio de su gestión se ha buscado transparentar el estado financiero de la corporación.
En la misma línea, el secretario general de la entidad, Daniel Navarro, aclaró que el caso se circunscribe estrictamente al contrato de estas dos empresas externas y que los antecedentes ya habían sido presentados ante el Ministerio Público de forma previa al cierre del informe de Contraloría. En tanto, la jefa de la Unidad Jurídica municipal, María Maceiras, anunció que ampliaron la querella criminal para incluir a ambas firmas involucradas en las irregularidades.
Como medida inmediata de mitigación, la corporación informó la implementación de nuevos manuales de control, supervisión y procedimientos administrativos para blindar el uso de los recursos públicos mientras avanza la indagatoria penal.
