En distintos medios de comunicación de la semana recién pasada, se dió a conocer una acción legal que sacude la administración municipal de Coyhaique, los concejales Ana María Navarrete y Sebastián Vera formalizaron una solicitud de cese de funciones contra el alcalde Carlos Gatica Villegas.
Aquí presentaremos un resumen de los hechos.
La denuncia, respaldada por informes de Contraloría, apunta a una gestión sistemática de irregularidades financieras entre los años 2022 y 2025.
Bajo el patrocinio del abogado Braulio Sanhueza, el requerimiento sostiene que el jefe comunal habría incurrido en un perjuicio patrimonial significativo y en la omisión reiterada de las leyes de compras públicas.
El foco del conflicto: Tratos directos millonarios
El argumento central de la acusación es la supuesta elusión de licitaciones públicas. Según el libelo, el municipio habría evitado los procesos concursales por un monto cercano a los $6.000 millones de pesos.
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Mecanismo: Se habrían utilizado figuras de «reconocimiento de deuda» o «regularización» para asignar contratos de forma directa.
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Alcance: Entre 2022 y 2025 se detectaron 471 decretos de este tipo, sumando más de $4.400 millones destinados a servicios críticos como áreas verdes y recolección de basura.
El polémico caso de «Los Vásquez»
Uno de los puntos más críticos del documento detalla un presunto pago duplicado por la presentación del grupo musical Los Vásquez.
La acusación indica que el municipio pagó $31 millones adicionales mediante trato directo por un show que ya estaba incluido en la licitación del «Festival de la Patagonia» (adjudicada por $264 millones). Contraloría advirtió que se cancelaron ítems duplicados en traslados y alojamiento, lo que podría constituir delitos administrativos y daño al patrimonio municipal.
Irregularidades en residuos y parquímetros
El requerimiento también expone fallas en la gestión operativa de la ciudad:
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Recolección de basura: Servicios prestados por particulares sin contratos legales vigentes, operando bajo reconocimientos de deuda irregulares.
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Parquímetros: Término anticipado del contrato sin permiso del Concejo Municipal, lo que habría significado una pérdida de más de $83 millones para las arcas locales.
Antecedentes y Corte Suprema
La acción legal no es aislada. Los denunciantes recordaron que la Contraloría General de la República ya había determinado la responsabilidad administrativa de Gatica en un sumario previo. Aunque la autoridad intentó impugnar dicha resolución, esta fue finalmente ratificada por la Corte Suprema, lo que otorga un peso jurídico adicional al requerimiento presentado ahora ante el TER.
