Una masiva inmovilización de fondos contables fue descubierto tras una revisión exhaustiva del sector público y municipal. La Contraloría General de la República (CGR), mediante su herramienta tecnológica de análisis de datos y alertas de riesgo, RADAR, identificó la existencia de $796.440 millones en saldos financieros que no registran variaciones ni movimientos operacionales desde el período comprendido entre 2020 y 2024, manteniéndose en completa inactividad hasta marzo de 2026.
La información, extraída directamente del Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN), revela una clara disparidad en la distribución de estos saldos: $641.954 millones pertenecen a organismos del aparato público centralizado, mientras que $154.486 millones corresponden a las arcas municipales.
Aunque la fiscalizadora precisó que la permanencia de saldos sin movimiento no representa por sí misma una ilegalidad o falta administrativa contundente, sí enciende las alarmas respecto a la eficiencia y el control en la administración del patrimonio estatal.
El aspecto central del informe radica en la naturaleza de los fondos: más del 90% del dinero inmovilizado corresponde a cuentas por cobrar. Esta condición implica que la gran mayoría no se trata de liquidez o dinero disponible de forma inmediata en caja, sino de recursos que requieren gestiones activas de cobranza para retornar al erario público. La prolongada inactividad de estos saldos expone a las instituciones al riesgo inminente de que los montos se vuelvan incobrables o prescriban legalmente.
Por otro lado, en el porcentaje minoritario correspondiente a fondos líquidos o recursos efectivamente disponibles, la falta de transacciones evidencia dineros paralizados que no están cumpliendo los fines específicos para los cuales fueron presupuestados y transferidos, además de delatar un arrastre de registros contables desactualizados o derechamente erróneos.
Frente a este escenario, la Contraloría notificará formalmente a las entidades involucradas para exigir la regularización de las cuentas inactivas, la ejecución de las cobranzas pendientes y el fortalecimiento del control interno. Asimismo, el organismo adelantó que estos antecedentes servirán de insumo estratégico para coordinar futuras auditorías y fiscalizaciones en terreno.
