El Plan de Reconstrucción Nacional quedó a un solo paso de convertirse en ley, pero su tramo final se vio abruptamente entrampado en el Congreso. La suspensión a última hora de la votación en la Cámara Alta por falta de quórum —un episodio catalogado como un duro traspié para el Ejecutivo— aplazó la definición sobre el mecanismo de compensación a las municipalidades hasta el próximo martes 4 de agosto.
El nudo crítico de la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast radica en la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años. Para mitigar el impacto fiscal en los gobiernos locales, la propuesta del Ministerio de Hacienda establece que la Tesorería General de la República compensará el 100% de los ingresos no percibidos a las 345 comunas del país, previa verificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Para acceder a estos fondos, las municipalidades deberán cumplir con requisitos de gestión, como reducir al menos en un 30% los tiempos de tramitación de permisos y mantener al día sus obligaciones de transparencia.
A pesar de que el informe de la Comisión Mixta avanzó con fluidez en la Cámara de Diputados —con 80 votos a favor y el respaldo del Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC)—, la iniciativa se detuvo en el Senado debido a ausencias clave y reparos de parlamentarios cuyos votos resultan decisivos.
Las discrepancias provienen de distintos frentes. Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Gustavo Sanhueza cuestionó la administración de los recursos locales, denunciando deudas previsionales municipales por más de $512.000 millones y exigiendo un sistema de fiscalización más estricto. Por su parte, el senador independiente Matías Walker condicionó su apoyo a la incorporación de recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, afectadas por un reciente sistema frontal, proponiendo la inclusión de un veto aditivo.
El debate legislativo ha escalado al ámbito municipal, fracturando la relación entre las autoridades locales. Un grupo de 76 alcaldes oficialistas, entre los que figuran Mario Desbordes (Santiago) e Isabel Valenzuela (Colina), firmó una declaración pública instando a la aprobación urgente de la norma para resguardar las arcas comunales y criticando las posturas de la oposición. En contraste, alcaldes de oposición como Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca) han cuestionado el mecanismo de compensación por considerar injusto que se financie a través de impuestos generales, lo que ha generado intensas fricciones al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Ante este escenario, los ministros de la Segpres, José García Ruminot, y de Hacienda, Jorge Quiroz, iniciaron una ronda de conversaciones con los senadores desalineados para asegurar los 26 votos requeridos. Desde el Ejecutivo enfatizaron la urgencia de promulgar la megarreforma para reactivar sectores clave, como la venta de viviendas con exención de IVA, y adelantaron que, de no prosperar el artículo en el Senado, recurrirán a alternativas legislativas —como la Ley de Presupuestos 2027— para garantizar los fondos a los municipios sin paralizar el proyecto general.
