El Ministerio de Hacienda comenzó a despejar las incertidumbres de los gobiernos locales frente a la megarreforma gubernamental que busca eximir del pago de contribuciones de la primera vivienda a los mayores de 65 años. En una serie de reuniones técnicas lideradas por el ministro de la cartera, Jorge Quiroz, junto a alcaldes de la Región Metropolitana y representantes de las principales asociaciones municipales (AChM, AMUR y AMUCH), el Ejecutivo garantizó un mecanismo para proteger el Fondo Común Municipal (FCM), aunque confirmó de manera definitiva el cese de una parte de la recaudación directa.
La iniciativa gubernamental implicará una reducción global de US$ 200 millones en la recaudación fiscal. De ese total, el ministro Quiroz detalló que US$ 130 millones corresponden a recursos destinados al FCM —el sistema de transferencia desde las comunas con mayores ingresos hacia las más vulnerables—, mientras que los US$ 70 millones restantes afectarán el beneficio directo de las arcas de cada municipalidad.
Blindaje por Ley de Presupuesto
La principal certeza entregada por el jefe de la billetera fiscal radica en el mecanismo de compensación para los US$ 130 millones del FCM. Quiroz precisó que estos recursos serán restituidos de manera permanente a través de una norma fija e indexada dentro de la Ley de Presupuestos, la cual será reajustable por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no constituirá una glosa negociable año a año. Esta fórmula modifica lo expuesto previamente por el biministro de Interior y Vocería, Claudio Alvarado, quien había descartado someter el proceso a la discusión presupuestaria anual.
«El ministro dijo que todo lo que se deja de aportar al FCM va a estar de manera permanente devuelto, reajustable por IPC. No es un monto negociable específico en una glosa», explicó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, añadiendo que el Ejecutivo ofreció a las municipalidades participar en la redacción de la indicación.
Desde las agrupaciones comunales valoraron positivamente que el FCM quede consagrado con estas condiciones legales, ya que evita que el financiamiento local dependa de la discrecionalidad política del Congreso o del Gobierno de turno. Los análisis preliminares de Hacienda sugieren que el impacto no sería significativo para las comunas de menores ingresos que dependen críticamente de este fondo.
Incertidumbre por ingresos directos y llamado a la gradualidad
A pesar de los avances institucionales, la pérdida definitiva de los US$ 70 millones de recaudación directa mantiene en alerta a los jefes comunales, quienes advierten un eventual impacto en el desarrollo de programas sociales locales.
Ante este panorama, alcaldes de diversos sectores políticos solicitaron formalmente al Gobierno que la exención del tributo se aplique bajo criterios de gradualidad y focalización mediante porcentajes anuales, una propuesta que aún no ha sido ratificada por el Ejecutivo. Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino, coincidieron en la relevancia de transparentar los textos de las indicaciones fiscales para evaluar con precisión la realidad de las zonas más afectadas.
Próximos pasos
Tras reconocer deficiencias en la estrategia comunicacional de la medida, el ministro Jorge Quiroz comprometió la instalación de una mesa de trabajo formal para la próxima semana. En esta instancia participarán los equipos técnicos municipales junto a autoridades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), con el objetivo de consolidar datos duros antes de que venza el plazo de dos semanas para la presentación de las indicaciones gubernamentales en el Congreso.
