Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas en la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), tras revelar una serie de deficiencias administrativas que incluyen millonarias deudas de cuotas municipales, pagos de honorarios sin respaldo contractual y una débil supervisión de las jornadas laborales.
El ente fiscalizador determinó que, al inicio de la auditoría, existía un saldo pendiente por cuotas ordinarias de diversos municipios superior a los $42 millones, correspondiente a periodos anteriores a 2024. Si bien la asociación logró reducir esta morosidad a través de gestiones de cobranza, la Contraloría advirtió que no se acreditó fehacientemente el ingreso de $35.205.428, dejando un vacío en la trazabilidad de dichos recursos.
Errores en cuotas y detrimento patrimonial
El informe detalla que municipalidades como Vitacura y Providencia incurrieron en errores de cálculo al momento de pagar sus cuotas. Según el organismo, estas administraciones cancelaron montos menores a los estipulados, lo que derivó en un detrimento directo del patrimonio de la asociación.
Pagos a honorarios bajo la lupa
La fiscalización, que abarcó principalmente el primer semestre de 2024, también puso al descubierto irregularidades en la contratación de servicios. Se detectó el pago de $4.922.223 —correspondientes a 18 boletas de honorarios— a tres personas que realizaron relatorías para la Amuch. Sin embargo, dichos pagos se efectuaron sin que existiera la celebración de los contratos de prestación de servicios respectivos, vulnerando los protocolos básicos de transparencia administrativa.
Falta de control en recursos humanos
Finalmente, la auditoría expuso un severo desorden en el control horario del personal. La Contraloría constató más de 216 horas no trabajadas y un total de 9 días sin marcación en el reloj control, situaciones que no fueron justificadas ni descontadas oportunamente.
Este escenario obliga a la Amuch a emprender un proceso de regularización inmediata. El dictamen de la Contraloría subraya una advertencia estructural: aunque se trata de una entidad de derecho privado, su funcionamiento depende de aportes directos de fondos públicos provenientes de los presupuestos municipales, lo que exige un estándar de probidad y orden financiero equivalente al de cualquier organismo del Estado.
