En un operativo coordinado por el OS9 de Carabineros y la Fiscalía Occidente, se detuvo a los presuntos integrantes de una organización criminal que operaba al interior del municipio. El grupo cobraba hasta $500 mil por documentos falsificados y beneficios irregulares.
Una investigación de más de un año, gatillada por denuncias internas de la propia Municipalidad de Isla de Maipo, culminó este miércoles con una serie de detenciones que ponen al descubierto una sofisticada red de corrupción pública. La organización, que operaba al menos desde 2023, estaba integrada por funcionarios municipales y colaboradores externos dedicados a la emisión fraudulenta de licencias de conducir.
El «tarifario» de la ilegalidad
La investigación, liderada por la Fiscalía de Talagante, estableció que la banda mantenía una estructura de cobros definida según los requisitos que el «cliente» deseara evadir. Testigos reservados revelaron que el valor por una licencia de conducir ascendía a $400 mil si el interesado presentaba su certificado de estudios. No obstante, para quienes carecían de escolaridad, el precio se elevaba a los $500 mil, incluyendo la provisión de certificados falsificados.
Un catálogo de servicios ilícitos
Más allá de la entrega del documento, la asociación criminal ofrecía una gestión integral para vulnerar los controles legales:
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Suplantación en exámenes: Miembros de la red rendían las pruebas teóricas en lugar de los postulantes.
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Omisión de pruebas prácticas: Se validaban capacidades de conducción sin realizar las evaluaciones correspondientes.
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Falsificación de antecedentes: Proporcionaban domicilios falsos dentro de la comuna y gestionaban certificados de cursos profesionales apócrifos.
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Eliminación de registros: La red incluso intervenía sistemas para borrar antecedentes de deudores de pensiones alimenticias, permitiéndoles obtener el permiso.
Liderazgo y procesos judiciales
La fiscal jefa de Talagante, Tania Sironvalle, confirmó que la organización cuenta con al menos 12 integrantes identificados, destacando que el liderazgo recae en un funcionario público de la repartición. Durante el operativo se incautó abundante material probatorio que será clave para las próximas etapas del proceso.
Los detenidos enfrentarán cargos por asociación criminal, cohecho agravado, infracciones a la Ley de Tránsito y falsificación de instrumento público, todos en carácter de reiterados. La audiencia de control de detención quedó programada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Talagante, donde se definirá el futuro procesal de los implicados.
