Valparaíso. Entre tensiones políticas en el Congreso y la preocupación económica de los gobiernos locales se desarrolla la discusión en particular del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos y el Registro Nacional de Incivilidades. La iniciativa, que surgió como uno de los compromisos en materia de seguridad anunciados en la Cuenta Pública, busca establecer consecuencias directas para quienes dañen la infraestructura o alteren el orden público, abriendo un complejo debate sobre su financiamiento y alcance normativo.
1. El nudo presupuestario: alertas en el ámbito municipal
Uno de los mayores escollos en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados radica en los artículos transitorios de la propuesta, los cuales asignan el costo operativo de la fiscalización a las municipalidades. La medida ha generado un rechazo transversal entre los parlamentarios, quienes advierten la falta de recursos y el déficit fiscal que enfrentan diversos municipios en áreas prioritarias como salud y educación, sumado a las menores retribuciones del Fondo Común Municipal.
El debate adquiere mayor relevancia ante el alto impacto económico que provocan el vandalismo y el deterioro del espacio público en la gestión local. Cifras de diversos municipios evidencian desembolsos millonarios para la reparación de mobiliario urbano, alumbrado y eliminación de grafitis. Según información del Diario Emol de mediados de este año, los costos asumidos por algunos municipios son cuantiosos:
-
Santiago: Destina un presupuesto aproximado de $900 millones anuales para atender emergencias, incivilidades y limpieza de fachadas.
-
Ñuñoa: En 2026 contempla más de $2.182 millones para reparar infraestructura, reforzar luminarias y potenciar la seguridad comunal, además de $144 millones dedicados exclusivamente al retiro de grafitis.
-
Provinica: Registra un gasto anual no menor a $1.067 millones para recuperar espacios públicos dañados.
-
Puerto Montt: Mantiene acciones inmediatas de pintura y acciones querellantes desde su Unidad Penal Municipal, logrando condenas que obligan a los infractores a reparar el daño o pagar multas de hasta $500 mil.
-
Independencia: Aplica desde diciembre de 2025 el registro local «Cero Incivilidad», sumando más de 100 sancionados con multas y pérdida de beneficios comunales.
Mientras jefes comunales respaldan la necesidad de endurecer las sanciones ante la alta carga presupuestaria que asumen los vecinos, alcaldesas como la edil de Valparaíso han llamado a cuidar la proporcionalidad de las medidas para evitar que la restricción de beneficios sociales genere inequidades socioeconómicas.
2. Definición del catálogo de conductas y sanciones en Educación Superior
El diseño del proyecto contempla dos nóminas separadas administradas por el Servicio de Registro Civil e Identificación, diferenciando los periodos de permanencia e impactos según la gravedad del hecho.
El Ejecutivo ha ratificado su convicción de mantener la pérdida del beneficio de la gratuidad para los condenados por actos vandálicos graves, norma que ya fue aprobada dentro de la comisión.
3. Reveses políticos y fractura en las votaciones de la Comisión
Pese al avance del Registro de Actos Vandálicos, el capítulo relativo a las incivilidades sufrió un duro revés en la Cámara Baja. Durante la revisión del catálogo que sancionaba la alteración del orden, los consumos de sustancias en la vía pública y los daños inferiores a 1 UTM, la votación se resolvió con cinco votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, provocando la caída del articulado al no alcanzar el quorum requerido.
El resultado estuvo influido por la abstención de la bancada del Partido Nacional Libertario y la ausencia de representantes de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en una sesión citada con carácter de discusión inmediata. A este escenario se sumaron desacuerdos internos por la forma y premura de la convocatoria, lo que derivó en recriminaciones entre parlamentarios en el desarrollo de la jornada.
4. Próximos pasos en el trámite legislativo
Frente al rechazo del catálogo de incivilidades en la instancia técnica, la estrategia del oficialismo y parte de la comisión se orienta a reponer los artículos directamente durante la discusión general y particular en la Sala de la Cámara de Diputados mediante indicaciones directas.
En paralelo, la comisión sostendrá audiencias con representantes del Ministerio de Hacienda para definir una fórmula de financiamiento que no cargue los costos operativos sobre las arcas municipales y permita destrabar la viabilidad de la futura ley.
