El sistema de Atención Primaria de Salud (APS) en el país atraviesa uno de sus momentos más complejos. A un severo déficit financiero que alcanza los $37.000 millones de pesos acumulados entre diciembre y septiembre, se suma un tenso escenario interno caracterizado por la paralización de actividades convocada por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y acusaciones de amedrentamiento contra dirigentes sindicales.
El conflicto ha derivado en movilizaciones de 48 horas promovidas por el gremio para exigir el pago de deudas operacionales, la restitución de un recorte presupuestario del 3% y la garantia de recursos de cara al periodo 2026-2027. Según informan dirigencias de diversos Centros de Salud Familiar (CESFAM), la falta de financiamiento ha provocado un desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos médicos básicos en farmacias municipales, la cancelación de exámenes preventivos y el congelamiento de horas extras para la atención de público.
A esta precariedad se añade un clima de alta tensión laboral. Integrantes de las organizaciones de trabajadores acusan la apertura de sumarios administrativos y presiones en contra de los representantes que han visibilizado el sobrecupo de pacientes y el colapso del personal de salud.
La situación activó las alarmas en el Poder Legislativo. Parlamentarios de la Comisión de Salud y de la Comisión de Trabajo manifestaron su preocupación ante las denuncias presentadas por los funcionarios. La diputada Ana María Gazmuri cuestionó el uso de procesos disciplinarios frente a los reclamos por falta de remedios e insumos elementales, señalando que la respuesta de las administraciones no puede ser el hostigamiento sindical. Por su parte, el diputado Carlos Carvajal instó al Ejecutivo a inyectar recursos inmediatos para revertir la precarización y garantizar condiciones de trabajo dignas, mientras que el diputado Luis Cuello abogó por un reajuste en la política presupuestaria que detenga los recortes en la inversión pública de la red asistencial.
El impacto del conflicto operativo y presupuestario amenaza la continuidad del servicio para más de 14 millones de usuarios afiliados a Fonasa, quienes se ven directamente afectados por la reducción de prestaciones en la red municipal.
