En un inédito despliegue institucional orientado a enviar una «señal de Estado», la Comisión de Seguridad Pública del Senado sesionó en la Municipalidad de San Bernardo, instancia donde el Ministerio Público reveló la compleja situación de vulnerabilidad que atraviesan las autoridades en el país. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer que al menos 22 alcaldes y 18 fiscales cuentan actualmente con medidas de resguardo tras haber sido víctimas de amenazas o agresiones vinculadas directamente al ejercicio de sus funciones.
La cita legislativa en la zona sur de la Región Metropolitana se coordinó de manera extraordinaria luego de que una indagatoria de la Fiscalía desbaratara un plan para asesinar al alcalde local, Christopher White. La trama contra el jefe comunal había sido ideada por Juan Flores Valenzuela, alias «El Indio Juan», un sujeto con antecedentes de fuga y posterior recaptura, quien proyectaba atacar al edil durante los actos de Fiestas Patrias.
Durante la sesión, en la que participaron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, la mesa directiva del Senado, legisladores y los altos mandos de Carabineros y la PDI, el fiscal nacional detalló que el acoso a las autoridades responde al patrón habitual del crimen organizado para frenar la acción judicial, ya sea mediante el amedrentamiento o la corrupción.
En cuanto al desglose de la protección:
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Alcaldes: De las 22 autoridades edilicias protegidas a nivel nacional, 8 disponen de escolta permanente mediante unidades de Protección de Personas Importantes (PPI) de las policías, mientras que las 14 restantes mantienen resguardos proporcionales a sus evaluaciones de riesgo.
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Persecutores: De los 18 fiscales bajo resguardo por intimidaciones en sus investigaciones, 10 cuentan con personal PPI asignado de forma diaria.
Para abordar el alto volumen de denuncias de este tipo, Valencia anunció una reestructuración operativa: se descentralizarán estas causas —que antes concentraba la Fiscalía Metropolitana Sur— para que cada fiscal regional asuma personalmente y en su propia jurisdicción las investigaciones por amenazas a autoridades.
La jornada estuvo marcada además por el debate legislativo y presupuestario. Mientras jefes comunales y senadores insistieron en acelerar iniciativas como el proyecto de Infraestructura Crítica, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la Ley de Seguridad Municipal, desde el Ministerio Público manifestaron su disconformidad con la propuesta de presupuesto 2027 presentada por Hacienda, advirtiendo que la dilación en la entrada en funciones de la nueva Fiscalía Supraterritorial no se condice con los costos e intempestivos desafíos que exige combatir la delincuencia organizada.
