Tres causas judiciales sobre presunta corrupción y fraude en la gestión municipal avanzaron simultáneamente en los tribunales del centro y sur de Chile, salpicando a jefes y exjefes comunales en las regiones de Ñuble, Maule y Los Ríos por irregularidades que abarcan sobreprecios en la adquisición de inmuebles públicos y esquemas de cohecho.
En la Región de Maule, el Juzgado de Garantía de San Javier decretó la prisión preventiva para el exalcalde de Villa Alegre, Pablo Fuentes Vallejos. La Fiscalía imputa al exedil el delito de fraude al fisco cometido en 2022, tras concretar mediante trato directo la compra de un terreno de 6.000 metros cuadrados por $101,6 millones para un centro de salud comunitario. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el valor real de mercado del predio bordeaba los $15 millones, configurando un sobreprecio de casi 600% —un perjuicio fiscal estimado en $85 millones— mediante informes de tasación cuestionados. El imputado ingresó al Complejo Penitenciario La Laguna de Talca para cumplir la medida cautelar durante los dos meses fijados para la investigación.
Paralelamente, en la Región de Ñuble, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el actual alcalde de esa comuna, Camilo Benavente, formalizado por dos hechos de presunto fraude al fisco en la arista denominada caso “Medialuna”. Mientras la defensa del edil respaldó la resolución para asegurar el procedimiento y reiteró la inocencia de la autoridad en la adquisición del bien raíz, la Fiscalía anunció que apelará por considerar la medida insuficiente. El ente persecutor había solicitado arresto domiciliario total y la prohibición de acercarse al municipio, alertando sobre eventuales presiones a testigos del caso durante los cuatro meses fijados como plazo de investigación.
Por su parte, en la Región de Los Ríos, la Fiscalía formalizó ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno al alcalde de dicha comuna, Luis Reyes Álvarez, junto a su conviviente y otros cuatro imputados, por los delitos de cohecho agravado reiterado y lavado de activos. La indagatoria expuso la recepción indebida de más de $36 millones provenientes de contratistas y productores de eventos favorecidos en licitaciones municipales entre 2017 y 2022, además de unos $90 millones en depósitos en efectivo de origen no identificado abonados en la cuenta personal del jefe comunal y redes de intermediarios.
