Las recientes emergencias meteorológicas y eventos críticos registrados en la Región Metropolitana y la zona centro-sur del país han reabierto una discusión de fondo sobre la gobernanza de las catástrofes en Chile. Las tajantes declaraciones de autoridades locales como la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, vuelven a poner en evidencia el desgaste del modelo actual de respuesta ante contingencias de origen natural.
Tras los severos anegamientos y flujos aluvionales en la precordillera, San Martín apuntó directamente al funcionamiento de las estructuras estatales, señalando que «la emergencia no puede tener horario de oficina». Su crítica apunta a la brecha temporal entre la ocurrencia del desastre y la activación efectiva de los recursos de auxilio e infraestructura desde el nivel central, destacando la urgencia de reestructurar la velocidad de la burocracia estatal en escenarios donde minutos marcan la diferencia.
Por su parte, el edil de Ñuñoa, Sebastián Sichel, dirigió sus cuestionamientos hacia la capacidad operativa y presupuestaria de los organismos de protección civil, catalogando a las instituciones de alerta como insuficientes si no van acompañadas de financiamiento directo para obras de mitigación, remarcando la urgencia de financiar infraestructura de contención en la cordillera y adaptar el Presupuesto Nacional a las exigencias de la resiliencia climática.
Ambas posturas convergen en un punto neurálgico: la brecha entre la responsabilidad territorial que recae sobre los municipios y las atribuciones o recursos reales de los que disponen para prevenir y contener el impacto de estos fenómenos. Los comités comunales (COGRID) operan como la primera línea de contención frente a los vecinos, pero continúan supeditados a la capacidad de respuesta y aprobación de estamentos centrales.
La crisis climática ya no permite tratar estos eventos como anomalías excepcionales. Las intervenciones de San Martín y Sichel deben ser leídas no como exabruptos coyunturales, sino como un llamado urgente desde el municipalismo para reformar la institucionalidad del riesgo de desastres en Chile: se requieren transferencias presupuestarias directas para infraestructura preventiva, descentralización en la toma de decisiones críticas y una fiscalización rigurosa de los cauces y quebradas antes de que las precipitaciones o incendios vuelvan a poner a prueba la capacidad de contención de nuestras comunas.
