La omisión del mundo municipal en la recién presentada comisión asesora para modernizar el Estatuto Administrativo encendió las alarmas edilicias. Mientras jefes comunales de la UDI exigen incorporar la realidad de las alcaldías, los ediles de Maipú y Providencia lideran una propuesta transversal para articular políticas de Estado duraderas.
La reciente presentación de la comisión asesora encargada de revisar el Estatuto Administrativo —cuerpo legal diseñado a fines de la década de 1980 que rige las relaciones laborales en el aparato estatal central— reabrió un intenso debate institucional. A pesar de que la instancia experta cuenta con un plazo de 120 días para presentar sus propuestas ante el Ministerio de Hacienda, el proceso dejó al descubierto un ausente crítico: la administración municipal.
La exclusión de las alcaldías de este mandato provocó la inmediata reacción de ediles y directivos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes han extendido sus reclamos de manera pública y directa ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Las autoridades locales argumentan que la reforma no puede limitarse al nivel central, sino que debe contemplar obligatoriamente la Ley 18.883, normativa que regula al personal municipal.
Desde el gremialismo recalcan la urgenica de sumar la visión territorial e integrar a exalcaldes a la mesa de trabajo. En esa línea, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, advirtió sobre las disparidades contractuales que enfrentan las alcaldías y enfatizó que no es posible encarar una modernización estructural del Estado marginando a los gobiernos locales, que son la entidad pública más cercana a la ciudadanía. Una postura alineada con la del alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien definió a los municipios como «la última milla de las políticas públicas» y subrayó la necesidad de contar con reglas que reconozcan el desempeño, atraigan talento y corrigan falencias en la gestión.
La demanda por modernizar el marco normativo edilicio encuentra respaldo a lo largo de todo el espectro político. Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), valoró la apertura del debate y respaldó la creación de instancias técnicas transversales que permitan construir acuerdos sostenibles en favor de un Estado más eficiente y transparente.
Una agenda estratégica de largo plazo
En paralelo al debate normativo laboral, los alcaldes Jaime Bellolio y Tomás Vodanovic formalizaron una propuesta conjunta para estructurar políticas de Estado con una proyección a 30 años. La iniciativa apunta a superar la fragmentación política y evitar que los planes estratégicos del país sufran interrupciones drásticas ante cada cambio de administración.
Bajo la premisa de que «Chile no tiene un problema de convicciones, sino de horizonte», ambos jefes comunales plantearon la urgencia de alcanzar consensos básicos que contrarresten la polarización y la demagogia. El acuerdo propuesto abarca siete prioridades nacionales:
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Reforma al sistema político: Fortalecimiento de la gobernabilidad y representación.
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Modernización del empleo público: Profesionalización y adecuación de reglas contractuales.
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Protección social: Cobertura integral para la primera infancia y la vejez.
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Infraestructura climática: Mitigación y resiliencia ante el cambio climático.
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Crecimiento económico: Fomento a la inversión y desarrollo sostenible.
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Seguridad pública: Estrategia integral contra el delito.
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Inteligencia artificial: Regulación ética y adopción tecnológica en el sector público.
Ambas autoridades concluyeron que los municipios enfrentan diariamente las consecuencias de un aparato estatal desarticulado y sin capacidad de anticipación, por lo que llamaron a diversos sectores políticos y sociales a fijar diagnósticos comunes y metas medibles que perduren en el tiempo.
