El reciente anuncio del Ejecutivo sobre la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años representa un acto de justicia largamente esperado. Para miles de ciudadanos, este impuesto territorial se ha convertido en una carga desproporcionada frente a pensiones que no siempre acompañan el costo de la vida. Sin embargo, detrás de este alivio al bolsillo familiar, se asoma un desafío crítico para la gestión de los barrios: la sostenibilidad del Fondo Común Municipal (FCM).
El beneficio y el costo
La medida, que busca proteger el patrimonio de quienes han dedicado su vida al esfuerzo laboral, beneficiará a cerca de 294.000 personas. No obstante, el costo fiscal de esta exención se estima en aproximadamente US$ 200 millones. El nudo del conflicto radica en que el Gobierno ha propuesto reponer solo US$ 130 millones a las arcas municipales, dejando una brecha de US$ 70 millones que actualmente financian servicios básicos esenciales.
El riesgo de la desfinanciación local
El impuesto territorial es el corazón del Fondo Común Municipal, el mecanismo solidario que permite que comunas con menores recursos puedan financiar desde luminarias y recolección de basura hasta patrullajes preventivos y programas sociales. Una reposición parcial implica, en la práctica, que el costo de una política pública nacional sea absorbido por los municipios.
Es imperativo que el debate legislativo garantice una reposición total de los recursos. La solidaridad con la tercera edad es una causa nacional y, como tal, debe ser financiada íntegramente por el erario central, sin debilitar la ya exigua capacidad de respuesta de los gobiernos locales, que son la primera puerta que el ciudadano toca ante cualquier necesidad.
