El próximo 26 de mayo marcará un hito judicial para la comuna de Rinconada. El Juzgado de Garantía de Los Andes formalizará al alcalde Juan Galdames, quien es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público.
Una trama de sobreprecios y documentos falsos
La investigación, que ha escalado hasta involucrar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República, pone el foco en la adquisición de tres terrenos municipales. Según las indagatorias, estas operaciones se habrían concertado con personas cercanas al jefe comunal, utilizando presuntamente documentos falsificados para abultar el valor de las propiedades hasta en un 3000%.
El daño patrimonial estimado por la Contraloría supera los 1.300 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de las irregularidades en la gestión de fondos públicos bajo la actual administración.
Advertencias ignoradas
Juan Castillo, exconcejal y querellante en la causa, sostiene que la fiscalización interna intentó detener el proceso antes de su ejecución. De acuerdo con su testimonio, se le advirtió formalmente al alcalde sobre las posibles implicancias penales de estas compras; sin embargo, las advertencias fueron desestimadas, procediendo con el traspaso de los fondos.
La estrategia de la defensa
En la otra vereda, la defensa del jefe comunal, liderada por el abogado José Villagrán, rechaza las imputaciones. El equipo jurídico sostiene que el caso se basa en una interpretación errónea de decisiones administrativas que no constituirían delitos penales. Aseguran haber entregado pruebas sustanciales a la Fiscalía para desvirtuar la tesis del Ministerio Público y demostrar la legalidad de los actos cuestionados.
Con la querella criminal del CDE ya en curso y la fecha de formalización fijada, la justicia deberá determinar si la compra de estos terrenos respondió a una necesidad pública o a un esquema diseñado para el desvío de recursos fiscales.
