La agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile (UACh) la semana recién pasada, no es un hecho aislado, sino la manifestación de una patología que parece haberse enquistado en nuestras aulas y campus: la validación de la violencia como método de expresión política. Este ataque, ocurrido en plena inauguración del año académico en Valdivia, actúa como un sombrío recordatorio de que la intolerancia no distingue grados académicos ni jerarquías.
La Seguridad como Prioridad Legislativa
Ante este escenario de crisis en la convivencia, el Ejecutivo ha decidido tomar la iniciativa. Los dos proyectos de ley enviados recientemente al Congreso por el Presidente José Antonio Kast buscan restaurar un principio que parece haberse diluido: la autoridad legítima dentro del recinto educativo.
Las medidas propuestas, agrupadas bajo el concepto de «Escuelas Protegidas», introducen cambios estructurales que han generado un intenso debate nacional:
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Empoderamiento Docente: Se otorga a los profesores herramientas legales inmediatas para corregir y sancionar conductas que interrumpan el proceso educativo.
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Control y Prevención: Se faculta a los establecimientos para implementar la revisión de mochilas y pertenencias, buscando erradicar el ingreso de armas u objetos peligrosos.
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Sanción a la Incivilidad: El proyecto es tajante al proponer la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad en la educación superior, para aquellos estudiantes condenados por delitos graves o daños severos a la infraestructura pública.
El Incidente en la UACh: Un Punto de Inflexión
Lo ocurrido con la ministra Lincolao —quien fue increpada, empujada y rociada con agua por un grupo de manifestantes— evidencia que la crisis de seguridad escolar ha escalado hacia la educación superior. El Presidente ha calificado el acto como un «punto de inflexión», subrayando que el respeto a la integridad física y psíquica es el mínimo civilizatorio para cualquier debate democrático.
La respuesta de las universidades, a través del CRUCH, ha sido de una condena transversal. Sin embargo, surge la interrogante sobre si los protocolos internos de las casas de estudio son suficientes para contener a grupos radicalizados que ven en el campus una «zona de exclusión» de la ley común.
El Desafío del Equilibrio
El desafío que enfrenta el Congreso hoy no es menor. Mientras el oficialismo defiende que sin orden no hay aprendizaje posible, sectores de la oposición y expertos advierten sobre el riesgo de una «criminalización» de la juventud. No obstante, las cifras de la Superintendencia de Educación (con más de 17.000 denuncias por convivencia escolar en 2025) sugieren que la tolerancia ya no es una opción.
Chile se encuentra en una encrucijada pedagógica y política. La educación debe volver a ser el espacio de encuentro de la razón, no el escenario de la fuerza. Recuperar la paz en las escuelas y universidades no es una cuestión de ideologías, sino una urgencia nacional para salvaguardar el futuro de la convivencia en nuestro país.
