Este 21 de febrero fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.803, una normativa que marca un punto de inflexión en el sistema de educación pública chileno al otorgar titularidad a miles de docentes que hasta ahora se desempeñaban bajo la modalidad de contrata.
La nueva ley, despachada por el Congreso en enero de 2026, busca entregar estabilidad laboral a profesionales de la educación parvularia, básica y media que trabajen en establecimientos públicos dependientes de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), municipios o corporaciones municipales.
¿Quiénes podrán acceder a la titularidad?
La norma establece que podrán obtener la calidad de titulares aquellos docentes que:
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Hayan trabajado cuatro años continuos, o
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Cuatro años discontinuos dentro de los últimos seis,
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Con contrataciones sucesivas que incluyan los últimos dos años.
Tras cuatro años de vigencia de la ley, además, será requisito haber ingresado mediante concurso público o un proceso de selección transparente, requisito que regirá para todas las nuevas contrataciones a contrata.
La medida introduce reglas permanentes en el Estatuto Docente y modifica, en la práctica, el equilibrio histórico entre docentes titulares y a contrata. Según la legislación vigente, solo la titularidad garantiza una relación laboral indefinida, mientras que la contrata corresponde a vínculos a plazo fijo.
Impacto en la gestión educativa
Más allá de su dimensión laboral, la ley tendrá efectos administrativos y financieros relevantes. Los sostenedores deberán revisar sus dotaciones y proyectar presupuestos de largo plazo, considerando que una mayor proporción de docentes pasará a planta permanente.
Para los equipos directivos, el cambio también implica un giro en la cultura organizacional. La estabilidad reduce la rotación y abre espacio para fortalecer proyectos pedagógicos de mediano y largo plazo, consolidar comunidades profesionales de aprendizaje y reforzar el trabajo colaborativo.
Retención y proyección del sistema público
La normativa surge en el marco de acuerdos entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesoras y Profesores, y apunta a enfrentar un problema estructural: la alta precariedad contractual en el sistema público.
Con mayor estabilidad, el desafío ahora será traducir esta garantía laboral en mejoras concretas en la calidad educativa. La ley no solo redefine el estatus jurídico de miles de docentes; instala también la oportunidad de fortalecer la cohesión institucional, retener talento y dar continuidad a los proyectos educativos en las escuelas públicas del país.
