Chile protagonizó uno de los avances más significativos en transformación digital del sector público a nivel global. En la edición 2025 del Índice de Gobierno Digital de la OCDE, el país subió 22 posiciones y alcanzó el décimo lugar, consolidándose como líder en América Latina y como una de las naciones con mayor progreso dentro del organismo internacional.
La medición, elaborada con datos recogidos durante el primer semestre de 2025 y que evalúa políticas implementadas entre 2023 y 2024, sitúa a Chile entre los sistemas públicos más avanzados en modernización digital. El país obtuvo 0,79 puntos en una escala donde 1 representa desempeño óptimo, ubicándose junto a economías digitalmente consolidadas como Corea, Australia y Reino Unido.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que el resultado refleja una política de Estado sostenida orientada a ofrecer servicios digitales más eficientes y centrados en las personas. Según explicó, la integración de la Secretaría de Gobierno Digital al Ministerio de Hacienda fortaleció la coordinación institucional y permitió acelerar la modernización del aparato público.
El índice evalúa seis dimensiones clave: diseño centrado en usuarios, gobernanza de datos, digitalización desde el origen, apertura y transparencia, proactividad y enfoque integral de gobierno. Chile mostró mejoras equilibradas en casi todos los indicadores, en línea con su Agenda de Modernización 2022–2026.
Para el coordinador de Modernización del Estado, Rodrigo Lavanderos, el avance se vincula directamente con la implementación de la Ley de Transformación Digital y el impulso a la interoperabilidad entre servicios públicos. A ello se suma la tramitación de un proyecto de ley que busca crear un Sistema Nacional de Gestión de Datos, orientado a reforzar la seguridad y el uso estratégico de la información estatal.
Desde la Secretaría de Gobierno Digital, su director José Inostroza subrayó que el país alcanzó incluso el quinto lugar mundial en la dimensión de servicios diseñados desde las necesidades de los usuarios, un indicador que mide la experiencia ciudadana en plataformas públicas. A su juicio, el salto en el ranking confirma que la digitalización dejó de ser una promesa y pasó a implementarse a escala.
Aunque el informe reconoce avances globales, la OCDE advierte que los gobiernos aún enfrentan desafíos para profundizar sus reformas digitales. En ese contexto, el desempeño chileno aparece como una referencia regional y un caso de estudio sobre cómo acelerar la transformación del Estado mediante políticas sostenidas, infraestructura digital y fortalecimiento de capacidades técnicas.
A nivel municipal, ¿cómo estamos?
Municipios chilenos avanzan en digitalización, pero persisten brechas estructurales
Las municipalidades chilenas enfrentan una transición decisiva hacia la digitalización total de sus servicios, marcada por avances visibles pero también por brechas profundas entre comunas. A cinco años del plazo legal que obliga a operar de forma completamente electrónica, el sistema municipal muestra un desarrollo desigual que refleja diferencias de recursos, capacidades técnicas y liderazgo interno.
La Ley de Transformación Digital exige que todos los organismos públicos, incluidos los municipios, abandonen el soporte físico a más tardar en 2027. Sin embargo, los estudios de madurez digital más recientes sitúan a la mayoría de las comunas en un nivel intermedio: muchas funcionan aún bajo un modelo híbrido que combina trámites digitales con procesos en papel. El promedio nacional alcanza 2,25 puntos en una escala de 4, indicador que revela un avance parcial, pero insuficiente para cumplir holgadamente con el calendario legal.
Algunas experiencias destacan como referentes. Osorno, Puerto Montt y Frutillar figuran entre las comunas con mayor desarrollo digital en sus respectivas categorías, demostrando que la modernización es posible incluso fuera de la capital. A nivel de servicios, el 90% de los municipios ya permite pagar el permiso de circulación en línea, señal de que la adopción tecnológica avanza en áreas de alta demanda ciudadana.
No obstante, el principal desafío no es tecnológico, sino organizacional. Menos de un tercio de los funcionarios percibe una gestión activa de las barreras que frenan la transformación. La falta de personal con habilidades digitales específicas, la debilidad en la gestión del cambio y la escasa presencia de liderazgos internos aparecen como obstáculos recurrentes. A ello se suma un déficit crítico en ciberseguridad: solo una minoría de los municipios declara contar con políticas claras en esta materia.
Para cerrar estas brechas, el Estado impulsa plataformas compartidas que buscan integrar a los gobiernos locales con la administración central mediante sistemas seguros e interoperables. Herramientas de identidad digital, firma electrónica y gestión documental común pretenden reducir costos, estandarizar procesos y evitar que los ciudadanos deban entregar información que el propio Estado ya posee.
El escenario municipal, en síntesis, combina progreso y fragilidad. Mientras algunas comunas se consolidan como laboratorios de innovación pública, una parte significativa del país aún depende de estructuras tradicionales. El desafío de los próximos años será acelerar la modernización sin ampliar las desigualdades territoriales, transformando la digitalización en un derecho efectivo y no en un privilegio geográfico.
