La normativa, publicada este miércoles en el Diario Oficial, dota de facultades legales y estándares profesionales a los inspectores municipales, transformando el patrullaje preventivo en una política de Estado.
Lo que durante años fue una labor realizada en una «zona gris» legal, hoy es una facultad oficial. Con la publicación de la Ley de Seguridad Municipal en el Diario Oficial, Chile redefine el tablero del orden público, otorgando a los gobiernos locales un rol protagónico y regulado en el combate contra la delincuencia.
Esta ley no solo es un trámite administrativo; es el reconocimiento a una realidad que ya operaba en las calles. Hasta hoy, los municipios estiraban sus presupuestos y atribuciones para responder a la demanda ciudadana; ahora, la normativa establece un rayado de cancha claro sobre qué pueden y qué no pueden hacer los inspectores en el territorio.
Profesionalización: Más que un uniforme
Uno de los pilares de la nueva ley es elevar el estándar de quienes patrullan los barrios. Se introducen protocolos de actuación estrictos y mecanismos de certificación obligatorios. Con esto, se busca que el funcionario municipal no sea solo un observador, sino un agente preventivo capacitado bajo normas nacionales, lo que otorga mayor legitimidad a sus intervenciones y seguridad jurídica a su labor.
Los puntos clave de la normativa:
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Patrullajes Mixtos: Se institucionaliza la colaboración estrecha con las policías, permitiendo una presencia territorial más agresiva y coordinada.
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Inteligencia y Datos: Los municipios se integran formalmente a los sistemas de planificación estratégica, facilitando el intercambio de información clave para detectar focos delictivos.
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Certeza Jurídica: Se delimitan las facultades y responsabilidades de los inspectores, protegiéndolos legalmente en el ejercicio de sus funciones.
El desafío del financiamiento
A pesar del optimismo gubernamental, el ambiente en los municipios es de cautela. Diversos alcaldes han levantado la voz respecto a la brecha de recursos. La implementación de esta ley exige tecnología, equipamiento de protección y personal especializado, lo que plantea una interrogante: ¿podrán las comunas con menos recursos ejecutar la ley con la misma eficacia que las más ricas?
Desde el Ejecutivo, la apuesta es clara: avanzar hacia un modelo de prevención moderno que recupere los espacios públicos y detecte a tiempo los factores de riesgo antes de que se conviertan en delitos. Chile ha dado un paso firme hacia la descentralización de la seguridad, pero el éxito de este hito dependerá, en última instancia, de la billetera fiscal y de la capacidad de gestión de cada alcaldía.
Adjuntamos el documento para posibles consultas.
