La iniciativa busca dotar a la Contraloría de facultades inéditas para fiscalizar entidades privadas que manejen recursos públicos y obliga a todos los municipios a implementar planes de integridad obligatorios.
El sistema de gestión municipal en Chile se prepara para una transformación estructural. El proyecto de ley que fortalece la transparencia, fiscalización y probidad en las corporaciones municipales y organizaciones funcionales avanza en su segundo trámite constitucional en el Senado, marcando un hito en la lucha contra la corrupción a nivel local.
El corazón de la propuesta apunta a resolver uno de los mayores vacíos legales de la administración pública: la falta de control sobre las corporaciones y fundaciones municipales. Con esta ley, la Contraloría General de la República tendrá la potestad de fiscalizar a cualquier institución privada, con o sin fines de lucro, que reciba fondos públicos a través de subvenciones, licitaciones o traspasos directos.
Pilares de la nueva normativa:
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Planes de Integridad Obligatorios: Cada municipio deberá contar con un Plan de Integridad (con duración de 4 años) que incluya manuales de prevención de delitos, canales de denuncia con reserva de identidad y una matriz de riesgos.
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Blindaje a las Unidades de Control: Los directores de control interno tendrán «tuición técnica» de la Contraloría. Esto significa que ya no dependerán exclusivamente de la voluntad del alcalde de turno, y solo podrán ser removidos tras una investigación del ente fiscalizador.
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Coto al Nepotismo: Se prohíbe el nombramiento de hijos, padres, cónyuges o parientes cercanos del alcalde y los concejales en cargos de exclusiva confianza.
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Transparencia en Corporaciones: Las entidades que reciban más de 10.000 UTM anuales estarán obligadas a realizar auditorías externas y rendir cuentas trimestralmente ante el concejo municipal.
«Los municipios son la puerta de entrada del ciudadano al Estado; por ello, es fundamental elevar sus estándares de probidad», destacaron desde el Ejecutivo durante la discusión en comisión.
Mayor control sobre el gasto y el lobby
La ley también endurece las reglas para los concejales y alcaldes. Los jefes comunales deberán consultar obligatoriamente al concejo cualquier modificación de contrato que supere las 500 UTM. Además, los directores de corporaciones municipales pasarán a ser sujetos pasivos de la Ley de Lobby, garantizando que sus reuniones y gestiones sean de conocimiento público.
Respecto al personal, las corporaciones se seguirán rigiendo por el Código del Trabajo, pero sus directivos deberán ser elegidos mediante concursos abiertos y públicos, eliminando la discrecionalidad en las contrataciones de alto nivel.
Próximos pasos
Una vez publicada la ley, las municipalidades tendrán un plazo de 180 días para presentar su primer plan de integridad. Para facilitar el proceso, especialmente en comunas pequeñas, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Subdere brindarán asesoría técnica y formatos estandarizados.
El proyecto se encuentra actualmente a la espera de su votación en la Sala del Senado tras haber cumplido el periodo de indicaciones el pasado mes de enero.
