Tras la publicación en el Diario Oficial de la modificación a la Ley 21.450, el programa habitacional se consolida como una política de Estado. Con un cumplimiento actual del 91%, la normativa otorga facultades excepcionales a las Direcciones de Obras y redefine las metas de integración social a nivel comunal.
Santiago – El escenario habitacional en Chile entra en una nueva fase de largo aliento. El pasado 31 de diciembre, el Diario Oficial formalizó la extensión del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) hasta el 31 de diciembre de 2029, tras un respaldo unánime en el Congreso. Con esta medida, el plan trasciende el actual periodo presidencial, consolidándose como una prioridad de Estado frente al déficit de vivienda en el país.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, destacó que la envergadura del desafío requiere una colaboración transversal. «Esta ley consolida una política pública que es un desafío país y no solo de un gobierno. Es una tarea que nos convoca a todos, tanto al sector público como al privado», señaló la autoridad.
Estado de avance: Hacia la meta de las 260 mil viviendas
A la fecha, la estrategia habitacional del Gobierno registra cifras sólidas:
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Viviendas entregadas: 236.622 (91,01% de la meta original).
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En ejecución: 123.422 unidades.
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Por iniciar: 69.954 soluciones habitacionales.
Regiones como Coquimbo, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes ya han cumplido o superado sus metas locales, desplazando el foco del plan hacia la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
Impacto Municipal: Menos burocracia y mayores exigencias
La prórroga de la Ley N° 21.450 modifica directamente la gestión de los gobiernos locales, otorgando herramientas críticas pero también imponiendo una mayor presión técnica a las alcaldías.
1. Agilización en Direcciones de Obras (DOM)
La ley mantiene el régimen de «fast-track» para proyectos sociales. Las Direcciones de Obras Municipales deberán priorizar la resolución de permisos de edificación y recepciones definitivas vinculadas al PEH, contando además con facultades para aplicar normas especiales que simplifiquen trámites técnicos menores.
2. Gestión de suelo e integración urbana
Los municipios dejan de ser meros receptores de viviendas para convertirse en gestores de barrio:
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Densificación: Se faculta a los municipios para aplicar incentivos de constructibilidad en sus Planes Reguladores si los proyectos incluyen viviendas de interés público.
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Servicios críticos: Las ordenanzas locales no podrán limitar la instalación de equipamientos esenciales como jardines infantiles o centros para adultos mayores en estos nuevos sectores.
3. Planificación y rol de las Entidades Patrocinantes
Con la extensión hasta 2029, las municipalidades que actúan como Entidades Patrocinantes (EP) ganan certeza jurídica para desarrollar carteras de proyectos de largo plazo. Sin embargo, esto conlleva una fiscalización más estricta: el MINVU informará trimestralmente al Congreso el avance detallado por comuna, elevando el estándar de transparencia y cumplimiento para los alcaldes.
Clave para la gestión local: La extensión del plan asegura la continuidad de herramientas excepcionales para saltar barreras burocráticas, pero obliga a los municipios a integrar la vivienda social como un eje central de su planificación urbana hasta el final de la década.
