Solo durante 2025, el ente regulador identificó 35 casos vigentes. Tras el hallazgo, la Defensoría de la Niñez anunció que oficiará a las 72 instituciones involucradas y exigió medidas correctivas inmediatas.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló una grave vulneración a la normativa de protección de menores en el sector público. Según el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), entre 2020 y agosto de 2025, un total de 164 personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con niños, niñas y adolescentes (NNA) fueron contratadas por diversas entidades estatales.
De este total, 35 casos corresponden exclusivamente al periodo 2025, donde los involucrados desempeñaron funciones públicas pese a tener prohibición legal por condenas relacionadas con delitos sexuales.
Fallas en el control de contrataciones
La normativa vigente, estipulada en los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal, obliga a todas las instituciones a consultar el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de formalizar cualquier contrato. Sin embargo, el informe detalla que 72 entidades incumplieron esta obligación.
La mayoría de estas contrataciones irregulares se concentraron en el ámbito educacional, bajo roles de:
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Docentes y profesores.
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Asistentes de la educación.
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Auxiliares de aseo.
Acciones legales y plazos perentorios
Frente a la gravedad de los hechos, la Contraloría instruyó la finalización inmediata de los contratos vigentes y el inicio de sumarios administrativos para determinar responsabilidades. Además, las instituciones afectadas deberán evaluar la restitución de remuneraciones y reportar sus acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Entre los organismos señalados figuran diversos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) como los de Atacama, Valdivia y Maule Costa, así como más de una treintena de municipalidades, incluyendo La Florida, Ñuñoa, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, además de recintos de salud como el Hospital Regional de Rancagua y el Hospital El Carmen.
Reacción de la Defensoría de la Niñez
Por su parte, la Defensoría de la Niñez calificó la situación como un «riesgo inadmisible» y anunció que oficiará a cada una de las 72 instituciones mencionadas. El objetivo es conocer las medidas correctivas adoptadas y los protocolos preventivos para evitar la reincidencia.
Asimismo, el organismo solicitó una reunión con la contralora general, Dorothy Pérez, para abordar el fortalecimiento de los mecanismos de control, enfatizando que el cumplimiento de estas consultas es una obligación transversal consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La lista completa de organismos implicados a continuación:
• Municipalidad de El Bosque
• Municipalidad de Puyehue
• Municipalidad de Constitución
• Servicio Local de Educación Pública Maule Costa
• Corporación Cultural de La Municipalidad de Pichidegua
• Municipalidad de Nancagua
• Municipalidad de Quinta de Tilcoco
• Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida
• Municipalidad de Valdivia
• Servicio Local de Educación Pública Valdivia
• Corp. Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa
• Municipalidad de Los Andes
• Municipalidad de Tomé
• Municipalidad de Puerto Montt
• Municipalidad de San Pedro de La Paz
• Servicio Local de Educación Pública de Atacama
• Municipalidad de El Monte
• Municipalidad de San Pedro de Atacama
• Municipalidad de Vichuquén
• Municipalidad de Concepción
• Municipalidad de La Pintana
• Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía
• Municipalidad de Lago Ranco
• Corporación Municipal de Deportes de La Pintana
• Municipalidad de San Javier
• Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins
• Municipalidad de Illapel
• Municipalidad de Mariquina
• Municipalidad de Lumaco
• Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
• Municipalidad de Peralillo
• Hospital Clínico Metropolitano El Carmen
• Corporación Municipal San Miguel
